El hombre acusado de apropiarse indebidamente de una finca ubicada en la localidad pontevedresa de Sanxenxo ha declarado este martes ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que pagó 50.000 euros en efectivo.

Tal como ha explicado ante los magistrados, el solar pertenecía a una sociedad que poseían tres hermanos. Sin embargo, él solo pactó la venta con uno de ellos por ser el administrador solidario de la compañía.

Así, según el discurso del acusado, este hombre (el administrador de la sociedad), con el que tenía una relación de amistad, le debía unos 60.000 euros. Por ello, para el pago de esta deuda negociaron la venta de la finca.

En total, él le pagó unos 50.000 euros en efectivo y 15.000 euros en dos pagarés y le perdonaba la deuda, quedando un precio de unos 125.000 euros por la propiedad. Pese a ello, en los documentos de venta solo registraron 15.000 euros.

El varón indicó en su declaración que el vendedor le había pedido en varias ocasiones dinero, que se lo iba devolviendo poco a poco, aunque nunca saldaba por completo su deuda porque volvía a pedirle más, debido a que tenía un negocio que no estaba yendo bien económicamente y precisaba efectivo.

El acusado reiteró en varias ocasiones que la intención de la venta de esta finca era el pago de la deuda, pero que cuando el señor tuviese el dinero suficiente, se volvería a revender por el mismo importe, al tratarse de una finca familiar que quería mantener en propiedad.

Preguntado por el origen de los 50.000 euros que poseía en efectivo, el acusado aseguró que no los retiró de ninguna cuenta bancaria, ya que en el sector en el que trabaja, la construcción, se suele utilizar mucho dinero en efectivo.

TRES HERMANOS

Por su parte, los tres hermanos acudieron a declarar también este martes. El primero de ellos fue el que vendió la finca, quien aseguró que no recibió esos 50.000 euros en efectivo como parte del pago de la propiedad, pero sí reconoció que le debía al acusado unos 80.000 euros y que la venta era como garantía de pago de esa deuda.

También explicó que él no le comunicó a sus otros dos hermanos esta operación, pese a que la finca también era de su propiedad porque eran dueños de la sociedad a partes iguales. Se excusó indicando que la idea era siempre recuperar la finca cuando tuviese el dinero para volver a comprarla por el mismo importe.

Tras él declaró su hermana, quien aseguró que no tuvo constancia de la venta de esta finca hasta meses después, cuando el tercer hermano lo descubrió y se lo contó. En la actualidad no tiene relación con el hermano que enajenó el terreno e indicó que el valor del mismo era superior a los 300.000 euros, mucho más que los 125.000 euros pactados.

Además, subrayó que su hermano le había pedido dinero en varias ocasiones y que no se lo había devuelto tampoco.

En la misma línea habló el denunciante, el tercer hermano. Él indicó que descubrió la venta de la finca al no fiarse de su hermano, que también le debía dinero. Por ello, llamó al acusado para preguntar sobre cómo la había adquirido y a qué precio y este le indicó que fue por el pago de una deuda y que si le pagaban lo mismo, se la devolvería. No obstante, al considerar que la finca ya les correspondía, no accedieron y denunciaron.

HECHOS

Los hechos a juzgar ocurrieron a principios de 2019, cuando se materializó la venta de la finca ubicada en Sanxenxo por un precio en escritura pública de 15.000 euros. Fue el primer hermano, administrador solidario de la entidad familiar, el que vendía la propiedad al acusado.

Según apunta la Fiscalía en su escrito de acusación, la venta se llevó a cabo «con pleno conocimiento del notorio perjuicio a la sociedad familiar formada por los hermanos y del incremento patrimonial tanto del hermano como del acusado», ya que el terreno se vendió por una cantidad «notoriamente inferior a su valor de tasación» –inicialmente en 273.450 euros y, según tasación judicial, en 386.847,81 euros–.

Por todo esto, al comprador se le acusa de un delito de apropiación indebida, que absorbe un delito de administración desleal, por lo que el Ministerio Fiscal pide para él tres años de cárcel y una condena de una multa de 10 meses con una cuota diaria de 20 euros, así como el pago de las costas.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, piden declarar nula la compra-venta de la finca. En caso de no poder hacerse, el acusado y la sociedad como partícipe a título lucrativo indemnizarán a la sociedad mercantil familiar la cantidad en que resulte valorada la finca bien en el plenario, bien en ejecución de sentencia.

El Fiscal apunta también en el documento que interesaría que se formase pieza separada de responsabilidad civil y que, «a efectos de garantizar el cumplimiento de la responsabilidad civil», se acuerde el embargo preventivo de la finca.