Las medidas sociales puestas por los gobiernos central y autonómico a raíz de la pandemia de la covid-19 evitaron que 127.000 gallegos entrasen en situación de riesgo de pobreza o vulnerabilidad, un índice que disminuyó en 2021 con respecto a 2020, pero que se agravó para las mujeres y para los niños y jóvenes, un grupo en el que alcanza el 34%.

Así lo refleja el informe ‘El Estado de la Pobreza en Galicia 2021’, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Galicia), que se ha presentado este lunes en la sede de la Valedora do Pobo, en Santiago de Compostela.

En concreto, el informe recoge que si no se hubiesen puesto las medidas extraordinarias de política social implantadas para combatir los efectos de la pandemia, la tasa de pobreza en Galicia habría aumentado en 4,9 puntos con respecto al año anterior, en lugar de disminuir –como así ha sido–.

Esto implica, destacan desde EAPN, que habría unas 127.000 personas más en riesgo de exclusión social o pobreza y la tasa superaría los 30 puntos. «Debería de ser un aprendizaje para afrontar la actual crisis derivada de la inflación, evitando problemas de coordinación y problemas partidistas: hoy habría 127.000 gallegos más en riesgo de pobreza si no hubiese existido ese compromiso político y presupuestario», ha dicho Eloína Ingerto, presidenta de EAPN-Galicia, que ha mencionado medidas como los ERTE y el Ingreso Mínimo Vital, por parte del Gobierno central, o las mejoras en la Risga y la Tarxeta Básica, de la Xunta.

Con ello, la presidenta de EAPN-Galicia ha reclamado que se mantengan este tipo de medidas y, en particular, se ha referido a la Tarxeta Básica, retirada por el Gobierno gallego al tratarse de una medida excepcional vinculada solo a la pandemia.

EAPN-Galicia ha apuntado que medidas como esta Tarxeta Básica han sido directamente responsables de la disminución de indicadores del riesgo de pobreza tales como la capacidad de afrontar gastos imprevistos o la posibilidad de comer carne o pescado al menos cada dos días.

«Se trata de un instrumento directo y muy centrado en las personas en mayor situación de pobreza», ha dicho Eloína Ingerto, para quien también sirvió para que muchas personas en vulnerabilidad entrasen en contacto con los servicios sociales. Por todos estos motivos, han reclamado que se mantenga: «Defendemos aprovechar lo que ya ha funcionado».

En la misma línea, la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha destacado la eficacia de este mecanismo para «reducir los índices de pobreza» y ha pedido que se valore como «una de las medidas que puede ayudar a paliar las situación» actual, así como la reducción de los trámites burocráticos.

MENOS ÍNDICE DE POBREZA, PERO MÁS FEMENINA

Xosé Cuns, director en Galicia de EAPN, ha sido el encargado de desgranar el informe, que apunta que el año pasado estaba en situación de pobreza o exclusión uno de cada cuatro gallegos. Concretamente, 678.000 personas.

Estos datos, sin embargo, suponen una reducción en el índice de pobreza con respecto al año anterior, en contraposición con la evolución a nivel estatal, donde aumentó en casi un punto.

A pesar de este dato positivo, EAPN Galicia destaca que «se agrava la fiminización de la pobreza» en la comunidad, algo que se atribuye, sobre todo, a la situación de las familias monomarentales con hijos.

En concreto, el informe habla de 311.000 hombres en situación de pobreza –12.000 menos– y 367.000 mujeres, lo que supone 8.000 más. Más de la mitad de familias en riesgo de pobreza o exclusión son, además, monoparentales.

Del mismo modo, el riesgo de pobreza en población infantil y juvenil aumenta, del 31,1% al 34%, y está muy por encima tanto de la tasa en adultos –25,4%– como en mayores de 65 años –19,5%–.

Por otra parte, Xosé Cuns ha apuntado que la tasa de pobreza severa disminuyó entre 2020 y 2021 en Galicia del 9,4% al 8,8%, y afecta a 237.769 personas. Sin embargo, la situación por sexos se repite: mientras que entre los hombres baja del 10,2 al 8,6%, en mujeres aumenta, del 8,7 al 9%.

EMPEORA LA EMERGENCIA EN VIVIENDA

Otro de los puntos que han destacado los responsables del informe es el «agravamiento de los problemas de acceso a vivienda». Casi uno de cada cuatro gallegos dedica ya más del 40% de sus ingresos a los gastos de vivienda, un índice que el año anterior era del 22,9%.

También aumentan los nuevos hogares con retrasos en el pago de gastos –del 8,5 al 9%– y la cifra de personas que no pueden mantener su vivienda a la temperatura adecuada –del 9,6 al 13,1%–, incluso teniendo en cuenta que los datos corresponden a la situación anterior a la Guerra de Ucrania y el alza de precios.

Para ello, Eloína Ingerto ha apremiado a políticas que acaben con el chabolismo, las infraviviendas y los problemas de aislamiento térmico y rehabilitación de muchas familias, así como que se «refuerce con fondos propios el presupuesto del Instituto Galego de Vivenda e Solo».

Finalmente, los responsables de EAPN se han referido a «dos perfiles» nuevos que aparecen en el informe nacional: el de personas con estudios y el de trabajadores «pobres».

«Cada vez hay más personas en riesgo de pobreza con estudios superiores», ha dicho Xosé Cuns, así como «personas que trabajan» y, aún así, permanecen en riesgo de pobreza, un colectivo que ha pasado del 13,5 al 17,9%.