Los diputados populares Ana Pastor, Celso Delgado y Juan Constenla calificaron la conexión entre Vigo, Porto y Lisboa como «una actuación prioritaria», por lo que han reclamado un «compromiso explícito» del Gobierno de España para el desarrollo de la línea del AVE entre Vigo y la frontera lusa, incluyendo la «tan necesaria» obra de la salida sur de Vigo.

Estos tres parlamentarios gallegos, que formaban parte del X Foro Parlamentario Hispano-Portugués celebrado en la ciudad de Braga y en el que estaban presentes una delegación de diputados del Congreso de España y de la Asamblea de la República de Portugal, destacaron la importancia de los fondos europeos, especialmente los Next Generation, para impulsar infraestructuras de comunicación entre Galicia y Portugal.

En el foro, llevado a cabo para defender las prioridades de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal en el contexto de las relaciones bilaterales, el Partido Popular pidió que se garantice que el tren actual Celta Porto-Vigo opere «en buenas condiciones de rendimiento y frecuencias» y que se avance en las obras de modernización y electrificación en la parte española del tramo Tui-Guillarei.

Los diputados gallegos se refirieron a la aprobación del Interreg España-Portugal (Poctep 2021-2027), el principal programa de cooperación transfronteriza de la Unión Europea. Asimismo, solicitaron «apoyo e impulso» a la conexión transfronteriza internacional por la carretera del Noroeste portugués a Galicia, el acondicionamiento de la carretera OU-540 entre Celanova y la frontera portuguesa y la ampliación de la plataforma para la construcción de una ciclovía del Puente Internacional en la Eurociudad de Salvaterra-Monçao.

Los populares también insistieron en la necesidad de impulsar la elaboración del Estatuto del Trabajador Transfroterizo entre España y Portugal, fijado como «medida prioritaria» en la última Cumbre en Trujillo en el año 2021, y enmarcada en la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo.

En otro orden de cosas, también expresaron su rechazo a la decisión de la Comisión Europea de vetar la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico, que genera «enormes dificultades» al trabajo de pescadores tanto gallegos, como portugueses.