Movimientos de pensionistas de diferentes comunidades autónomas han convocado una manifestación en Madrid para el próximo 15 de octubre a fin de exigir la revalorización de las pensiones respecto al incremento del IPC acumulado anual y una pensión mínima del 60% del salario medio.
Entre las diferentes plataformas convocantes se encuentran organizaciones de pensionistas de Galicia, Andalucía, Extremadura, País Vasco y Madrid, así como la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), la Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar (Asjubi40) y la Confederación General del Trabajo (CGT).
Esta manifestación, que se celebrará a mediodía desde la Plaza de Neptuno hasta Callao, será el primer paso de una movilización general que los convocantes tienen previsto realizar en noviembre en los pueblos y comunidades para seguir defendiendo sus reivindicaciones.
Además de exigir la revalorización de las pensiones con el IPC, piden una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y muestran su «rechazo a la privatización del Sistema Público de Pensiones (SPP)».
Las asociaciones de pensionistas convocantes denuncian que, mientras algunas comunidades están bajando impuestos, como el de Patrimonio, las pensiones mínimas y no contributivas son «de miseria».
Recuerdan, además, que las pensiones perdieron en 2021 un 3% de poder adquisitivo y que salarios y pensiones están perdiendo más de seis puntos de poder de compra en lo transcurrido de 2022.
Frente a ello, critican, las empresas del Ibex 35 están batiendo récords de beneficios, alcanzando los 48.868 millones de euros en el primer semestre del año.
«La causa fundamental del incremento de los precios no son los salarios ni las pensiones: son quienes, en régimen de monopolio, fijan los precios para mantener e incrementar sus escandalosos beneficios», denuncian.
«Seguiremos en la calle hasta revertir las contrarreformas que nos están imponiendo, acabar con la brecha de género en salarios y pensiones, eliminar la penalización a las pensiones anticipadas con largas carreras de cotización, recuperar los derechos perdidos en las sucesivas reformas laborales y de pensiones, generar un reparto equitativo de la riqueza y mejorar y garantizar servicios públicos y comunitarios universales y de calidad», advierten los convocantes.
