La jueza Elena Fernández Currás ha admitido introducir en el procedimiento como «prueba de parte», aunque «sin perjuicio de su valor probatorio», el último vídeo presentado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y que pretende atribuir errores al maquinista, Francisco José Garzón, que desencadenarían el accidente del 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois.
Durante el apartado de cuestiones previas de este macrojuicio, que ha arrancado en la mañana de este miércoles en la Cidade da Cultura de Santiago, varias de las acusaciones que representan a víctimas del siniestro han dejado constancia de su protesta por la inclusión de este montaje, publicado por el diario ‘ABC’.
La jueza ha explicado que «evidentemente es una prueba de parte» con «interés legítimo de parte», pero no se ha pronunciado sobre la fuerza de su valor probatorio, que será –ha subrayado– «el que corresponda».
«En cualquier caso, es algo tan obvio y tan conocido, porque desde el primer momento hay grabaciones de la Policía Científica, cuya imparcialidad no se discutirá, hay reportajes fotográficos de todo lo que pretende demostrar Adif de lo que se ve durante ese recorrido», ha justificado.
Eso sí, Fernández Currás ha coincidido en algunas de las dudas mostradas por las partes. «Es alguien conduciendo un tren por ese trayecto, no se sabe ni de qué día, ni cuándo, ni qué velocidad, ni quién lo grabó», ha señalado, antes de reseñar que la velocidad que toma el convoy del montaje «no es de 200 (kilómetros) por hora».
«Desde luego, cabe pensar todo lo que se quiera con respecto de un vídeo que se aporta en el año 2022», ha dicho, al responder a las impugnaciones de varias de las acusaciones, entre ellas la del abogado de la Plataforma de Víctimas del Alvia 01455, Manuel Alonso Ferrezuelo.
En el macrojuicio abierto por el accidente ocurrido hace más de nueve años, tanto el maquinista como el exdirector de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, se enfrentan a cuatro años de cárcel por 80 supuestos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños, por imprudencia profesional grave.
VÍDEO «CON ÁNIMO DE EXCULPAR» A CORTABITARTE
El primero en hacer mención al vídeo que adelantó el diario ‘ABC’ ha sido el abogado de la acusación Francisco José González Losada, quien ha denunciado que este montaje «está grabado con claro ánimo de exculpar al señor Cortabitarte y establecer la única responsabilidad del maquinista».
Además, ha criticado que el vídeo es de «fechas recientes» y se desconoce «el modelo del tren, las velocidades, etcétera». «Lo único que hace es sobreponer una conversación telefónica (de Garzón con el interventor) con una vista de frente de un tren», ha añadido.
En su turno, el abogado de la Plataforma de Víctimas ha impugnado la admisión de la citada pieza «por entender que no cumple con los requisitos» establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil –que «se aplica subsidiariamente» a la Criminal– para ser una prueba legal.
«Desconocemos por qué personas han sido editados», ha denunciado Alonso Ferrezuelo, para justificar que deberían tener «derecho a tomarles declaración». Asimismo, ha insistido en que las víctimas «dudan mucho de su veracidad», entre otras cosas porque el trayecto filmado «no era» el original del Alvia 01455.
«DOCUMENTO GRÁFICO EXPLICATIVO»
Frente a estas críticas, el abogado del Estado Javier Suárez, que representa al Adif, ha defendido el valor del vídeo como mero «documento gráfico explicativo», no como «reproducción» de lo que ocurrió en la tarde del 24 de julio de 2013.
«Lo único que hemos querido ha sido plasmar en imágenes datos que ya constan en la causa mediante fotografías y mediante prueba documental lo que el maquinista pudo ver el día de los hechos», ha alegado, al tiempo que ha instado a todos los que dudan de su veracidad a «contrastar» el vídeo con el informe de la Policía Científica.
RECUSACIÓN DE ESTHER MATEO
Otra de las impugnaciones de Alonso Ferrezuelo, también inestimada por la jueza, ha sido al respecto de la recusación de la técnica Esther Mateo, que ahora es directora general de Seguridad de Adif.
Para el abogado de la Plataforma de Víctimas, su informe «debe ser expulsado del procedimiento» y Prieto no debe prestar declaración porque «tiene interés directo como empleada y trabajadora de Adif».
No obstante, la jueza Elena Fernández Currás ha replicado que su informe «lleva años unido» a las actuaciones realizadas durante la instrucción, por lo que considera que «no es el momento» de apartar su testimonio.
«Su interés en el objeto del proceso como empleada o directiva de Adif es tanto como lo que se pueda pensar de otros informes periciales de técnicos o profesionales vinculados claramente al sector ferroviario», ha argumentado.
Asimismo, las acusaciones han dejado constancia de sus alegaciones frente a los informes médicos periciales elaborados por las aseguradoras de Renfe y Adif a las víctimas del accidente.
