Miembros de la CIG se han concentrado este jueves ante la sede de la Xunta de Galicia en San Caetano para apoyar la iniciativa propuesta por otras centrales sindicales a lo largo de todo el país de una jubilación a los 60 años para trabajadores del sector sociosanitario.

La manifestación de Santiago se ha convocado para coincidir con la comparecencia en rueda de prensa, a las puertas del Congreso en Madrid, de los sindicatos CIG, ELA, LAB e Intersindical, que han solicitado que la Cámara condicione el apoyo a los próximos presupuestos a la aprobación del derecho a la jubilación a los 60 años, «tanto en el sistema público como en el privado».

La petición concreta, explican en un comunicado, solicita que el Gobierno «respete de manera inmediata» el derecho de los profesionales de la sanidad y los sectores sociosanitarios a jubilarse a los 63 años, siempre que hayan cotizado el tiempo exigido, y que negocie los cambios legales necesarios para conseguir la jubilación ordinaria a los 60 durante esta legislatura.

Por otro lado, instan a los Gobiernos autonómicos de Galicia, Cataluña y País Vasco a «articular mecanismos que faciliten la jubilación anticipada de este personal o recuperen aquellos que han sido recortados durante los últimos años, como las primas de jubilación anticipada».

En este sentido, han recordado que la actual legislación en materia de Seguridad Social, reconoce el derecho a la jubilación anticipada a las personas trabajadoras incluidas en cualquiera de los regímenes estipulados a los 63 años, siempre que tengan cotizados entre 38 y 44 años y seis meses y que la edad sea inferior en dos años, como máximo, a la edad exigida que resulte de la aplicación en cada caso.

SIN PENALIZACIONES

Critican, sin embargo, que la articulación de ese derecho implica la aplicación de porcentajes de reducción a la cuantía de la pensión que pueden alcanzar hasta el 21% y que no es recuperable al cumplir los 65 años.

Añaden además que la ley 40/2007, del 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, prevé que la edad mínima de 65 años se pueda rebajar por Real Decreto para grupos o actividades profesionales, categorías y especialidades cuyo trabajo sea de naturaleza penosa, tóxica o peligrosa. También se tendrán en cuenta los efectos del trabajo por turnos –penosidad de trabajar en turnos de noche, por ejemplo– y el esfuerzo físico para el desarrollo del trabajo que se realiza.

Para que se pueda cumplir lo que solicitan –a lo que añaden la retribución del complemento de género–, es necesaria la aprobación de un Real Decreto en base a la ley 40/2007, por lo que los sindicatos pedirán una reunión con las organizaciones políticas presentes en el Parlamento español para reunir los apoyos necesarios para su impulso.

PERSONAL ENVEJECIDO

«Estamos con cuadros de personal con una media de edad muy alta (más de 50 años) y con unas condiciones penosas en el desempeño. Condiciones que, como consecuencia de las políticas de recortes, privatización y desmantelamiento de los servicios públicos aplicadas en los últimos años, hacen imprescindible la articulación de este derecho», detallan.

POSICIÓN DEL BNG

El BNG ha reaccionado a las peticiones y ha asegurado en un comunicado que «recoge» las demandas y que se «compromete» a trabajar para que se reconozca al personal sanitario y sociosanitario el derecho a la jubilación a los 60 años sin penalización.

El diputado de la formación nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, ha mantenido una reunión con representantes sindicales y de otras organizaciones políticas y ha defendido el trabajo que llevan a cabo los sanitarios, sobre todo durante la pandemia.

En opinión del diputado nacionalista, lo que piden las organizaciones sindicales «es una reivindicación justa para el personal sanitario y sociosanitario».

El BNG recuerda además que ya han presentado varias iniciativas en el Congreso para que el Gobierno del Estado reconozca los derechos al personal sanitario y sociosanitario como es el derecho a la jubilación parcial y anticipada.