La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha urgido al Gobierno central a aclarar «cuánto» y «cuándo» va a abonar a las comunidades el 30 por ciento de las bonificaciones en el transporte público que son competencia autonómica.
«Están revisando expedientes, no saben cuándo van a pagar», ha denunciado la titular de Infraestruturas, quien ha reivindicado que la Xunta, en la primera quincena que estuvieron en vigor las bonificaciones –desde el 1 de septiembre–, ya tuvo que abonar un millón de euros.
«Esta praxis para mí no es seria en la administración pública. Esto es dejar a deber», ha insistido Vázquez, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada del PSdeG Patricia Otero sobre estos descuentos que alcanzan el 50 por ciento del precio –el 30 comprometido por el Gobierno y 20 de la Xunta–.
En este contexto, la socialista le ha reclamado que se eleven hasta el 80 por ciento las bonificaciones, ya que el 50 actual ya lo paga la Xunta y que el 30 llegará del Estado, al tiempo que le ha solicitado imitar a la Comunitat Valenciana con la gratuidad del transporte público autonómico para todos los menores de 30 años.
FRANJA DE COSTA
También ha acudido al pleno la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, para denunciar que las modificaciones normativas impulsadas por el Gobierno central –la última, la reforma del reglamento de Costas, que la Xunta llevará ante el Tribunal Supremo– «expulsan» infraestructuras y empresas del litoral.
Así lo ha asegurado al responder una pregunta de la diputada del PPdeG Teresa Egerique para contraponer la gestión de la Xunta, que «protege la costa desde el punto de vista paisajístico, socioeconómico y medioambiental»; frente a un Ejecutivo estatal que «legisla de una manera que afecta los intereses de Galicia».
En este sentido, la conselleira ha coincidido en denunciar el «agravio tras agravio» que padece Galicia en esta cuestión después de la ley de cambio climático, que «modificó la duración» de las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre. Ahora, con un reglamento que será recurrido ante el Supremo y que en algunos casos limitan estas explotaciones a 30 años.
Frente a ello, Vázquez ha recordado que el Gobierno gallego se encuentra tramitando una ley propia de gestión del litoral –con el aval del Consello Consultivo– para «dotar a la franja costera de una normativa propia» que aporte «seguridad jurídica» a los titulares de estas infraestruturas situadas en dominio público marítimo-terrestre.
