Los grupos han coincidido en el Parlamento de Galicia en mostrar su rechazo a la prohibición impuesta por Europa a la flota de fondo en 87 zonas, si bien populares y oposición han ocupado el debate con un extenso cruce de reproches por la actuación de unos y otros gobiernos en las últimas semanas.

Ha ocurrido durante la discusión de una proposición no de ley del PP este martes en el pleno de la Cámara, iniciativa que no será votada hasta este miércoles, en la segunda jornada.

Por su parte, el grupo mayoritario ya ha avanzado que no aceptará ni la enmienda del PSdeG –porque si el Gobierno no presenta el recurso contra el veto lo hará la Xunta, ha dicho– ni la del BNG «para reiterar lo que ya está hecho».

«ESTAMOS DONDE NO QUERÍAMOS»

En su intervención, la popular Teresa Egerique ha lamentado haber llegado «a donde no se quería llegar», pero ha advertido de que esto no les hace «tirar la toalla».

«Obliga a plantear un nuevo acuerdo que sumamos a todos los anteriores pese a saber que la amenaza ya es una realidad», ha subrayado Egerique.

Por su parte, ha acusado al Gobierno central de tener un «importantísimo desconocimiento de los problemas que afectan a Galicia» y ha centrado sus críticas en el ministro Alberto Garzón, que «viene a insultar a todos los gallegos, a preocupar». «Es una auténtica vergüenza (…) un ministro de Izquierda Unida dice en Galicia que no conoce esta prohibición», ha incidido.

Además, ha apuntado al comisario que tomó la decisión de prohibir la pesca de fondo en 87 zonas, «de ideología y experiencia similar a la de Garzón, es decir, ninguna». «Es del grupo al que pertenece el BNG en el Parlamento Europeo. Son ustedes los que deberían exigir que se anule esa prohibición», ha añadido.

Al PSdeG le ha recordado que su secretario xeral, Valentín Formoso, «venía de visitar al comisario y tenía todo arreglado» pero «vaya por dios, dos días después, prohibición».

Por eso ha demandado al Ejecutivo «que se implique con la única vía» frente al veto «que es el recurso». En este sentido, al ministro Planas ha apostado por darle «un voto de confianza» y ha esperado «que presente ese recurso, porque es la única vía para salvar a miles de familias».

ENMIENDA DEL PSdeG

Mientras, Patricia Otero, por parte del PSdeG, ha recriminado que «la Xunta no hizo absolutamente nada, ninguna medida, ninguna propuesta», por lo que ha solicitado que «sea proactiva también en este tema que es de vital importancia». En esta dirección va la enmienda que plantea su grupo.

Otero ha considerado que Egerique «frivolizó muchísimo» en su turno de palabra, «todo el tiempo hablando del ministro Garzón», y por su parte se ha centrado en la «buena actuación de ayer –por este lunes– del ministro Planas».

«Eso sí que es defender al sector pesquero gallego», ha reivindicado, antes de indicar que Formoso «sacó el compromiso de nuevos informes» para revisar la decisión y para terminar haciendo un llamamiento a «estar todos juntos» frente a esta prohibición. «Es verdad que estamos en un momento donde no queríamos estar», ha coincidido.

Así, ha visto «necesario que se suspenda y se revise este reglamento» y ha añadido que «hay informes que permiten no esperar hasta noviembre» para hacerlo. «Es algo que pedimos al Gobierno central», ha concluido.

«FALTAN 12 DÍAS»

«Faltan 12 días para que los barcos sean expulsados de los caladeros en los que tradicionalmente vienen faenando», ha alertado la nacionalista Rosana Pérez, quien ha incidido en que «comarcas enteras» están «contra las cuerdas».

En este contexto, la portavoz del BNG en el debate ha cargado contra la intervención de la diputada del PP, que «de 10 minutos, 9 y medio» se dedicó a hablar de Garzón, aunque ha admitido que «es cierto» que el ministro estaba «absolutamente indocumentado» en su visita a Vigo.

Y «lo peor», a su juicio, es que «sobre la mesa hay una decisión consumada» y, mientras, la Cámara discute responsabilidades. «Es la cuarta vez que debatimos este tema aquí», ha hecho hincapié. En este tiempo, ha añadido, «no se vio que el Gobierno gallego moviera un dedo».

Pese a todo, y antes de criticar la «autoenmienda» de los populares, ha anticipado que su grupo –que también presenta enmienda– entiende igualmente que urge actuar y que debe ser el Ejecutivo central el que presente recurso al veto europeo.