La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión del juez Ismael Moreno y ha pedido que la investigación sobre el naufragio el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova (Canadá) del ‘Villa de Pitanxo’, en el que murieron 21 marineros, sea asumida por los Juzgados de Vigo.

En un escrito del pasado 12 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Marcelo Azcárraga asegura que el auto por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 se hizo cargo del caso «hace una interpretación» no compartida por el Ministerio Público acerca de los delitos cometidos fuera del territorio nacional.

En concreto, la Fiscalía aduce que el juez obvia el contenido de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando «aclara de forma tajante que forman parte de dicho territorio y a los efectos de la competencia de los tribunales españoles los buques y aeronaves españoles, sin distinción».

«Por el contrario, consideramos que no existen dudas acerca de la previsión legal relativa a la inclusión en el territorio nacional a efectos competenciales de los buques y aeronaves españoles. A tal efecto la Audiencia Nacional carece de competencia para el conocimiento de la presente causa», sostiene.

Así, y citando la ley, el fiscal recuerda que corresponde a la «jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españolas, sin perjuicio de lo previsto en los Tratados Internacionales en los que España sea parte».

El representante del Ministerio Fiscal, que también se remite al criterio de la Fiscalía General del Estado, insiste en que «los hechos delictivos cometidos dentro del territorio español por asimilación a éste de los buques y aeronaves españoles, quedan extramuros de la competencia de la Audiencia Nacional».

En cuanto al criterio seguido para pedir que la investigación sea asumida por los Juzgados de Vigo, el fiscal recuerda que las diligencias practicadas, el atestado de la Guardia Civil y las declaraciones prestadas por el imputado y los testigos «permiten considerar que el puerto español de primera arribada era el de Vigo, lo que ha de determinar, a su vez, la atribución competencial para el conocimiento de la presente causa».

LA ARGUMENTACIÓN DEL JUEZ

Esta petición de la Fiscalía llega después de que el juez de la Audiencia Nacional asumiese a principios de este mismo mes la investigación explicando que no existía una clara previsión legal que abordase la casuística producida en estos hechos y que pudiera conducir a una determinación de la competencia clara si no que podían suscitarse interpretaciones de distintos signo.

No obstante, el magistrado indicó en su auto que de acuerdo con el principio de «ubicuidad» definido en un acuerdo del pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo, la competencia radicaría en el juez que primero haya iniciado las actuaciones procesales con el fin de evitar dilaciones indebidas.

Así las cosas, el juez concluyó que en aras a evitar inciertas y posibles cuestiones de competencia con diferentes juzgados de instrucción, lo que podría dar lugar a dilaciones derivadas del planteamiento de las cuestiones, procedía «mantener la competencia de este Juzgado Central de Instrucción para seguir conociendo de la presente causa».

El juez rechazó en aquel momento la propuesta de inhibición interesada por el Ministerio Fiscal y por la representación de Pesqueras Nores Marín SA y de Juan Enrique Marín.

Cabe recordar que el magistrado tomó declaración el pasado mes de junio al patrón del barco, Juan Padín, su sobrino y el marinero Samuel Kwesi, los únicos supervivientes del naufragio. El primero declaró como imputado y los otros dos como testigos, después de que el juez viera indicios de 21 homicidios imprudentes.