El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha puesto en valor este lunes el trabajo del Laboratorio Nacional de Biotoxinas Marinas situado en el campus universitario de Vigo, que está a la «vanguardia» de la UE y que recibirá una inversión de 1,3 millones de euros del Gobierno central.
Según ha subrayado el ministro, el trabajo que hacen los técnicos e investigadores de este centro es crucial para proporcionar a los consumidores «garantías» sobre la calidad de los alimentos, entre ellos los mejillones, y para evitar problemas de salud pública.
Garzón ha señalado que el Gobierno de España está comprometido con el trabajo de este centro y el Ministerio de Consumo ha firmado un convenio de colaboración con el CSIC, a través de Instituto Español de Oceanografía, para invertir 1,3 millones de euros en los próximos dos años en este laboratorio vigués.
El acuerdo promoverá la investigación sobre las biotoxinas marinas, así como el intercambio de conocimientos con otros grupos científicos punteros en la materia. «Esta colaboración es fundamental porque ayudará a estudiar cómo el cambio climático está amenazando a especies como el mejillón. Además, garantizará que el consumo de este alimento es seguro y de calidad en España y en el resto de la Unión Europea», ha subrayado el ministro.
Garzón ha reconocido el valor nutricional de un producto como el mejillón como fuente de proteína y con una producción con un impacto medioambiental «extraordinariamente bajo», además de fomentar la «economía social y fijar población».
Finalmente, ha agradecido el trabajo del personal que desempeña su labor en el Laboratorio de Biotoxinas, personal «altamente cualificado» y cuya metodología es «ejemplo» en la UE. «Es importante que los ciudadanos sepan que detrás (de esos alimentos) hay un sector primario responsable y unos profesionales que garantizan las mejores condiciones», ha subrayado.
VETO A LA PESCA DE FONDO
Por otra parte, los periodistas han preguntado al ministro de Consumo por su opinión sobre la decisión de la UE de vetar la pesca de fondo en 87 áreas de aguas comunitarias, pero Alberto Garzón ha evitado pronunciarse, alegando que carece de información.
«La verdad es que no tengo información suficiente (…) porque es la primera noticia que tengo», se ha disculpado el ministro, en el mismo día en que el Gobierno de España, por boca del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que sopesa acudir al Tribunal de Justicia de la UE para recurrir esa medida, «si hay base jurídica».
