Las exenciones fiscales que existen en Galicia a los impuestos de sucesiones y donaciones y al de transmisiones patrimoniales supusieron en 2021 una bajada de la recaudación de 192 millones de euros para la Administración autonómica.

La cifra ha sido destacada por la directora de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), Victoria González Vázquez, durante la presentación de la memoria anual de la agencia ante la Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, reunida este jueves.

Así, un total de 125.971 gallegos quedaron exentos de tener que abonar el impuesto de sucesiones en 2021, segundo ejercicio en el que estuvo en vigor la rebaja de la Xunta que exime del pago de este tributo a las personas que hereden menos de 1 millón de euros.

De este modo, las rebajas fiscales en este impuesto y en el de transmisiones patrimoniales (también gestionado por la Administración autonómica) sumaron 192 millones de euros que, según la responsable de la Atriga, fueron a parar «al ahorro» de las familias «para reactivar el consumo» o para hacer frente a la pérdida de un familiar.

En concreto, las exenciones a los tributos a la hora de heredar de un familiar directo sumaron un montante de 154,6 millones de euros, mientras que las rebajas a las transmisiones patrimoniales alcanzaron los 33,7.

Asimismo, casi 27.000 gallegos se beneficiaron del programa ‘Impostos cero no rural’, puesto en marcha en el año 2016 para buscar el asentamiento de población en núcleos rurales. Además, otras 17.183 personas recibieron rebajas por la bajada de tipos a la adquisición de vivienda habitual, a determinados colectivos sociales y a la compra imobiliaria en parroquias consideradas como «poco pobladas».

En total, la Atriga recaudó el pasado año 603 millones de euros, un 12,2% más que en el anterior ejercicio, subida que se debe, en palabras de su directora, a las consecuencias de la pandemia, que acarreó la suspensión durante 2020 de determinadas obligaciones para paliar los efectos del parón en la economía.

Más de la mitad de lo recaudado proviene del impuesto de transmisiones con 334 millones, seguido del de sucesiones con 133,8 millones de euros y el de patrimonio, con el que Galicia recabó 70 millones, un 37,1% menos que en 2020.

Sobre este último, la memoria de la Atriga refleja que esta caída, al pasar de 111,3 millones a 70, se debe a que en 2020 «hubo unos ingresos extraordinarios en todas las partidas presupuestarias, esto es, tanto en las autoliquidaciones como las derivadas de procedimientos de comprobación tributaria».

Por su parte, Galicia recaudó 31,4 millones por el impuesto al juego (+19,5%); 22,1 millones por el cánon eólico (-0,8%); 11,1 por el IDMAE (17,4%); 900.000 euros por el ICA (-18,1%) y 170.000 euros por el impuesto compensatorio ambiental minero (+9,5%).

SOLO 6% AUTOLIQUIDACIONES REVISADAS

Así las cosas, la Atriga únicamente tuvo que revisar el 6% de las autoliquidaciones presentadas lo que, en palabras de su directora, revela que «la inmensa mayoría» de los contribuyentes «pagan correctamente sus impuestos».

Durante 2021, la agencia atendió a 281.000 personas, la mayoría (154.907) por vía presencial en los 47 puntos de información con los que cuenta en Galicia.

En cuanto a las novedades para este año, María Victoria González ha avanzado la creación de un nuevo canal de atención preferente para mayores de 65 años, así como la puesta en marcha de un nuevo portal web de la agencia donde podrán realizarse operaciones como el pago de tasas, pedir cita o la obtención de certificados.

DEBATE SOBRE FISCALIDAD

El turno de los grupos durante la comparecencia de la directora de la Atriga ha derivado a un debate sobre el modelo fiscal de las comunidades, abierto a nivel estatal tras la eliminación esta semana del impuesto de patrimonio por parte de Andalucía y cuyo ejemplo ha seguido Murcia, ambas con gobiernos del PP.

Así, la oposición –Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) y Daniel Pérez (BNG)– han coincidido en advertir que la eliminación de este impuesto en Galicia supondría una «merma muy importante» en los ingresos de la comunidad que repercutiría «sobre las rentas más bajas» al «afectar» a los servicios públicos.

Frente a ello, la diputada del PP Sandra Vázquez acusó a los socialistas de apostar por un modelo «recaudatorio» para «el bolsillo del Estado» que ha contrapuesto al del PP: «bajar impuestos, tener menos recaudación para el Estado y que los contribuyentes lo usen en lo que más lo necesiten».