El Estado ha presentado una demanda contra la familia Franco en la que reclama la propiedad de 564 bienes del Pazo de Meirás, según han confirmado fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.

Lo hace después de que los Franco solicitasen al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña retirar todos los bienes depositados en el inmueble que no fueron reclamados por el Estado en su momento.

En concreto, la Abogacía del Estado ha presentado ante los juzgados de Madrid una demanda contra los herederos de Franco reclamando la propiedad del Estado sobre una gran parte de los bienes muebles que se encuentran dentro del pazo.

Se trata, han precisado las fuentes consultadas, de un total de 564 bienes muebles o documentos y legajos que pueden agruparse en tres categorías: bienes de Patrimonio Nacional; bienes del Patrimonio Documental Español y bienes que son de dominio público por su afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado.

«Y que, además, forman parte del patrimonio histórico español por su interés histórico y también artístico, vinculado, por una parte, a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán, y por otra, a la actividad oficial desarrollada durante la dictadura franquista».

Los bienes que se reclaman ahora no fueron expresamente incluidos en la demanda sobre la propiedad del Pazo de Meirás «porque la negativa de los herederos de Franco a permitir la entrada –en el inmueble– incluso a los técnicos de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, impedía conocer qué bienes se encontraban dentro del pazo, así como sus orígenes, características y condiciones, elementos esenciales para poder justificar la propiedad del Estado».

En este sentido, apuntan que la ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña «ha permitido conocer los bienes, inventariarlos y justificar técnicamente su pertenencia al patrimonio público».

DEPÓSITO DE LOS BIENES

La demanda incluye una petición de medida cautelar para que se acuerde la permanencia de los bienes dentro del Pazo de Meirás, y en depósito de la Administración, hasta que se resuelva «a quién corresponde la propiedad», ante el recurso de los Franco tras una primera victoria del Estado — propietario de forma provisional– en este sentido.

«Medida cautelar que se considera esencial para garantizar la conservación y protección de todos estos bienes, así como la integridad de los intereses históricos y artísticos vinculados a estos bienes por el lugar donde se encuentran», indican las fuentes consultadas.

La demanda se ha presentado en los juzgados de Madrid porque, al tener por objeto la reclamación de bienes muebles, la ley atribuye la competencia a los juzgados del domicilio de los demandados.

El Estado ha adoptado esta medida después de que la familia Franco recurriese el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que estimó, casi en su totalidad, la cuestión incidental del Estado, con respaldo de Xunta y los ayuntamientos de Sada y A Coruña.

En él, se decretó que 132 bienes de los 697 inventariados en su momento tenían que permanecer en Meirás por ser «inseparables» del mismo. En esa cuestión incidental, se abordó la situación de estos bienes y no de la totalidad de los inventariados, aunque realmente la disputa entre el Estado y los Franco estaba, en esa vista, en torno a medio centenar, como piezas de la capilla o conjuntos escultóricos del jardín. El juzgado solo dio la razón a la familia del dictador en unas alfombras pasilleras.

SATISFACCIÓN EN SADA

Desde el Ayuntamiento de Sada, que había solicitado al Estado en reiteradas ocasiones la presentación de la demanda de titularidad de los bienes muebles del Pazo de Meirás, se ha acogido con satisfacción la noticia y se ha avanzado a Europa Press que el consistorio se personará a la demanda como «coadyuvante adhesiva» en apoyo a la misma.

«Por fin el Estado atendió las reiteradas solicitudes del ayuntamiento, de las entidades memorialistas y de la sociedad en general». «Ahora toca que la Xunta mueva también ficha e incoee el expediente de modificación de Bien de Interés Cultural(BIC)», ha apuntado su regidor, Benito Portela.