La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha urgido este lunes la creación de un «frente común» para poder hacer «presión política» ante la decisión de la UE de cerrar a la pesca de fondo 87 áreas de aguas comunitarias, y ha lamentado que la Comisión Europea «ignora la realidad de la pesca gallega».

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, tras mantener una reunión con los responsables de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), en la que también han participado la eurodiputada nacionalista, Ana Miranda; la diputada autonómica, Carmela González; y el concejal del BNG en la ciudad, Xabier Pérez Igrexas.

Ana Pontón ha constatado, tras el encuentro, que hay «preocupación e indignación» en el sector, ante una decisión «que pone en riesgo cientos de empleos» en un sector «estratégico» para la economía de Galicia.

Tras alertar del «impacto brutal» que tiene esa medida, que entrará en vigor en 20 días (tras su publicación este lunes en el Diario Oficial de la UE), la portavoz nacional del BNG ha señalado que la decisión «no tiene en cuenta el impacto socioeconómico» en Galicia, ni tampoco se basa en criterios medioambientales claros, sino que es una medida «arbitraria» que «va en contra del sector».

«No lo podemos permitir, tenemos que hacer un frente común», ha proclamado, y ha recordado que «no es la primera vez» que la UE adopta una decisión que «luego tiene que rectificar». «El propio sector ha hecho un gran esfuerzo para ser sostenible (…), se usa aquí un criterio pero se defienden otros intereses», ha apuntdo.

Por ello, y tras advertir de que el cierre de esas áreas supondrá un «incremento de precios» para los consumidores y el aumento de importaciones de pescado de países terceros «que no tienen los mismos controles sanitarios», ha instado al Gobierno de España a presentar recurso para evitar este «auténtico sinsentido».

En esa línea, ha avanzado que el BNG pedirá las comparecencias tanto del ministro de Pesca en el Congreso, como de la conselleira do Mar en el Parlamento de Galicia, y también una reunión urgente con el comisario europeo de Pesca. «Hay que hacer presión política (…), es una tema central para el país, y está la mano tendida del BNG para un frente común en defensa de la pesca gallega», ha insistido Ana Pontón, quien ha añadido que «la voz del sector debe ser escuchada».

«LA MUERTE DE LA PESCA GALLEGA»

Por su parte, el presidente de Arvi, Javier Touza, ha reiterado que la aplicación de ese cierre «puede suponer la muerta de la pesca gallega tal y como la conocemos», y ha repetido que la medida tendrá «un impacto inmediato» en más de 60 buques de palangre gallegos, a los que hay que sumar flotas como la ‘volanteira’ y la de arrastre.

Al respecto, ha incidido en que las áreas vetadas tienen «enorme valor» para esta flota gallega, que tiene allí «más del 50 %» del recurso y sus esfuerzos, con «especies de gran valor».

Además, ha vuelto a recalcar que los marineros de Galicia tienen en su haber «un histórico de protección ambiental» y, por eso, no se entiende que se adopte esa decisión «unilateral», sin tener en cuenta el impacto socioeconómico en una zona altamente dependiente de la pesca y, «lo más sangrante», sin tener en cuenta «lo más mínimo la opinión del sector».

Javier Touza, que ha repetido que buscarán por vía jurídica una paralización cautelar del cierre, también ha subrayado que esta decisión se ha adoptado con informes científicos «sin actualizar» y que no son concluyentes.

Por todo ello, ha lamentado que Bruselas se ha convertido en «una máquina de generar euroescépticos» y ha criticado que el sector pesquero gallego «ha ido perdiendo a lo largo de los últimos años» debido a este tipo de decisiones, y no solo por la pérdida de empleo entre las tripulaciones, sino también por el impacto en tierra.

«Estamos decididos a usar todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance», ha proclamado Touza, que también ha instado a formar un frente común en el que participe «toda la cadena» mar-industria, porque «no hacen falta declaraciones, sino hechos, y no queda otra que poner toda la carne en el asador».

Finalmente, ha recordado que el cierre de 87 áreas de pesca coge al sector «con las pilas bajas», inmerso en una crisis de sobreprecios y aún padeciendo las consecuencias de la pandemia de Covid. «El desánimo es tremendo, y la inoportunidad de Bruselas es clara (…) no nos merecemos esto y lucharemos con uñas y dientes», ha zanjado.

PSOE Y PP

Por su parte, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa sobre uso de los fondos covid, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha instado al grupo popular europeo y a la Xunta a que «se sumen decididamente a las propuestas» de los socialistas y del Gobierno central, que reclaman «que se analice con informes rigurosos una decisión con tantísima trascendencia».

«Lo que debe hacer la Xunta es sumarse al esfuerzo del Gobierno de España, y no una vez más criticar sin ningún fundamento», ha aseverado, exhibiendo la «defensa cerrada de una nueva posición para convencer a la UE de que la decisión debe ser corregida».

En otra comparecencia, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha apuntado que su grupo llevará al próximo pleno una iniciativa al respecto de este asunto, tras ser «desagradablemente sorprendidos» por esta decisión «unilateral».

«Es un despropósito que haya un veto atendiendo única y exclusivamente a criterios medioambientales y no a criterios científicos», ha censurado.

El PPdeG, por su parte, «apoya a la Xunta, que de forma rápida y urgente, con la máxima agilidad, está actuando con los servicios jurídicos para ver la posibilidad de plantear recursos».

«Es fundamental para atender los intereses de un sector estratégico en Galicia y confiamos tener el apoyo del Partido Socialista, porque esta mala noticia tiene lugar dos días después de que su secretario xeral se reúna con el comisario y anunciase el compromiso de revisarla. Si fuese el señor Formoso me sentiría engañado claramente», ha concluido Puy.