La reclamación al Gobierno de medidas de apoyo para viabilizar el futuro de la industria electrointensiva gallega ha vuelto a concitar el consenso de los tres grupos con representación en la Cámara gallega, que han votado a favor de una iniciativa del PP que apela al diálogo con las comunidades y a la aprobación de un PERTE como vías para garantizar la actividad de plantas como la de Alcoa en San Cibrao –Cervo (Lugo)–.

La propuesta ha sido aprobada en el Parlamento de Galicia, que ha continuado este miércoles con la sesión plenaria inaugural del curso político en la que, tras la sesión de control al Presidente gallego, Alfonso Rueda, se ha procedido al último debate de las proposiciones no de ley, que han sido votadas a continuación.

Así, las únicas que han salido adelante han sido las promovidas por el Grupo Popular, que ha tumbado con su mayoría abosoluta todas las iniciativas llevadas por los grupos de la oposición (BNG y PSdeG) al pleno que arrancó el martes.

De este modo, las iniciativas aprobadas están dirigidas a pedir a la Xunta que reclame al Gobierno central que ponga sobre la mesa medidas para la industria electrointensiva gallega y para paliar los problemas en la atención primaria de la sanidad pública.

La primera contó con el apoyo de la oposición, pero no la segunda, con la que, a iniciativa del PP, la Cámara gallega ha hecho suyo el manifiesto impulsado por Galicia y el País Vasco que ha recabado el apoyo de siete gobiernos autónomicos para demandar medidas que favorezcan la incorporación de profesionales a la atención primaria.

Así, el texto que ha salido adelante gracias a los votos del grupo que ostenta la mayoría absoluta en el Pazo do Hórreo manifiesta su apoyo a este manifiesto que plantea la convocatoria de más plazas MIR y la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias.

INDUSTRIA ELECTROINTENSIVA

Por su parte, la Cámara gallega sí que se ha unido para reclamar medidas de apoyo a la industria electrointensiva. En concreto, solicita avances en la tramitación del Perte para la descarbonización de la industria electrointensiva a través de la concreción de plazos y programas para «impulsar en el marco de una cogobernanza real y efectiva».

Y es que la demanda de «diálogo» entre Gobierno y comunidades para definir el futuro de las electrointensivas es la línea principal de este acuerdo que también solicita que se exploren «mecanismos de colaboración análogos» al suscrito por la Administración central con la compañía ArcelorMittal «con el fin de apoyar el futuro de la planta de Alcoa en San Cibrao».

INICIATIVAS RECHAZADAS

Por lo demás, todas las proposiciones no de ley llevadas al pleno por la oposición quedaron rechazadas por el ‘no’ del grupo mayoritario. El BNG había demandado la reprobación del director xeral de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, por «violar» los derechos fundamentales de los trabajadores del ente público de forma «sistemática» y también que se configurase un pacto autonómico por el agua en aras de combatir y prepararse ante episodios de sequía.

Esta ha sido la última de la iniciativas debatidas en el bloque de proposiciones no de ley. Durante su defensa, el diputado Luís Bará (BNG) ha incidido en que Galicia debe «superar las políticas del siglo pasado» en materia de gestión del agua porque las sequías dejan de ser «puntuales» para mantenerse en el tiempo, lo que exige «repensar» la gobernanza de este recurso fundamental para la vida.

En respuesta, el parlamentario popular José Manuel Balseiro ha justificado el ‘no’ de su grupo porque entienden que la propuesta del BNG «llega tarde y, además, se queda corto» en comparación con lo que lleva a cabo «desde hace años» el Gobierno de la Xunta en materia de gestión hídrica. Antes, Pablo Arangüena (PSdeG) había acusado al PP de «continuar en el negacionismo climático» y de apostar por medidas «muy perjudiciales» como el fracking o «suspender» las limitaciones a las emisiones de CO2.

Por su parte, las iniciativas defendidas por el PSdeG durante este pleno querían recabar el apoyo de la Cámara para pedir a la Xunta que reclame ante la Comisión Europea que se reconsideren los planes para prohibir la pesca de arrastre y que apruebe un plan de medidas en materia agroforestal que sirva como vía para afrontar la problemática de los incendios forestales.