El Congreso ha convalidado este jueves el decreto de medidas urgentes que actualiza la legislación básica en materia de incendios forestales y mejora la capacidad de respuesta, tanto de prevención como de extinción durante todo el año.

Lo ha hecho con los votos a favor de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, EH Bildu, Compromís, BNG, Más País, Coalición Canaria y Teruel Existe; la abstención de Vox ERC, PNV, Junts, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN); y el voto en contra de Junts y CUP.

Este texto, establece un catálogo mínimo de prohibiciones que las CCAA deberán aplicar en los casos en los que la AEMET emita la alerta roja; da un plazo de cinco meses a las autonomías para que adapten sus servicios de lucha contra el fuego; y obliga a que estos nuevos planes estén aprobados y publicados por las comunidades antes del 31 de octubre de cada año.

Del mismo modo, recoge que estos planes se aplicarán de manera ininterrumpida durante los doce meses en todos los territorios y deberán establecer el contenido mínimo de la dotación de medios materiales, equipamientos y trabajadores que participarán en la prevención y la extinción del fuego.

Del mismo modo, se reforzará la coordinación institucional mediante un sistema de emergencias que asegure la interacción eficaz entre diferentes equipos, cualquiera que sea la Administración a la que pertenezcan y prevé establecer una calificación homogénea de las unidades de extinción de acuerdo con sus capacidades operativas; entre otras medidas.

Al mismo tiempo, el Estado se compromete a mantener durante todo el año el dispositivo de medios aéreo, las unidades de refuerzo helitransportadas, y los restantes medios de apoyo a disposición de las comunidades autónomas para ejecutar dichos planes de prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales.

Por último, en el ámbito del mantenimiento y la restauración de los terrenos afectados por incendios, el decreto consolida el mecanismo de colaboración entre la administración general del Estado y las comunidades autónomas, de manera que estas participarán financieramente en la restauración hasta un máximo del 50% de los costes, excepto si se trata de terrenos cuya titularidad sea estatal.

CRÍTICAS AL PP

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, encargada de defender esta iniciativa en el Congreso, ha recordado que los cambios que se prevén consecuencia en del cambio climático se están «acelerando» y ha llamado a «todas las administraciones» a ser «responsables» en esta materia.

En su intervención, Ribera se ha dirigido directamente al PP para señalar que en este tema «no basta adherirse al titular» y después «ir racaneando» y «bromeando» a costa de las medidas. «Transición Ecológica no es llamar frivolidad a las cosas, es tomarse en serio el cambio de modelo energético», ha apuntado, dirigiéndose a la bancada del principal partido de la oposición.

A esta intervención el PP, a través de su portavoz en el debate, César Sánchez, ha respondido que el decreto «llega tarde» y «llega mal» porque es «insuficiente», «precario» y «no da respuesta al verdadero problema» en materia de incendios que, a su juicio, es el que asola al país «que es la prevención».

«Solo se acuerdan de los incendios cuando ven humo en el monte», ha lamentado el diputado, que también ha criticado también que el texto del Gobierno no haya sido hablado con comunidades autónomas, ayuntamientos o colegios oficiales.

De forma similar se ha expresado el representante de Vox Ricardo Chamorro, quien ha apuntado que el decreto «incide en la extinción de incendios y da a la prevención un papel secundario». A su juicio, esto es debido a que este Ejecutivo y los anteriores, hacen más caso a las medidas medioambientales que se les reclaman desde Europa y la Agenda 2030.

PROBLEMAS DE COMPETENCIAS

Por otra parte, Ribera ha recibido también críticas de la mayoría de partidos independentistas y nacionalistas a razón de la invasión de competencias que, a su juicio, este decreto supone.

ERC, PNV, Eh Bildu, Junts y BNG ha puesto en el foco que se pretenda imponer el criterio de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a las agencias meteorológicas autonómicas ya existentes para determinar el grado de riesgo o que se priorice a las autonomías que así los tengan, el uso de sus propios medios y equipos.

Además, tanto el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, como la diputada de CC María Fernández, ha reclamado más medios y financiación para poder alcanzar los objetivos que pretenden estas medidas y el decreto no quede «en papel mojado».

Desde Ciudadanos, por su parte, que ven «insuficiente» el decreto, aunque su portavoz en esta materia, Carmen Martínez Granados, ha señalado que su formación apoyará «todo lo que sea trabajar» frente a lo ocurrido este verano.

Finalmente, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha señalado que Ribera está desatendiendo con esta iniciativa al criterio de ayuntamientos y CCAA, así como al medio rural. Además, cree que el texto no está redactado teniendo en cuenta las diferentes peculiaridades de los diferentes territorios, de sus medios y competencias.