El delgado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha reclamado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que rectifique con «lealtad, responsabilidad y coherencia» el anuncio y gestión de las ayudas a la vivienda con fondos del Gobierno.

En una visita de Miñones, en la mañana de este jueves al municipio de Valadouro, ha pedido «transparencia» en la gestión de las ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda, que el Gobierno brinda a los jóvenes de los municipios de hasta 10.000 habitantes.

En un comunicado, la Delegación ha señalado que la tramitación de ese aporte económico y del bono alquiler corresponde a la Xunta que las «está anunciado como propias», cuando es el Gobierno quien las ha incentivado y financia. Además, ha añadido que el Gobierno gallego «no ha puesto un solo euro para estas ayudas de vivienda, cuando se trata de una competencia autonómica».

También ha recordado que «el PP ha votado en contra» de «los 10.800 euros que los ciudadanos podrá recibir por compra a cargo del Plan Estatal de Vivienda y de los Presupuestos Generales del Estado».

En esta línea, Miñones ha señalado que el Gobierno está trabajando para que la vivienda «sea de verdad un derecho y se convierta en el quinto pilar del Estado de Bienestar», al tiempo que ha solicitado la colaboración de los pequeños ayuntamientos para difundir la convocatoria entre los vecinos.

LAS AYUDAS

Con todo, el delegado ha remarcado que «el acceso a la vivienda y la revitalización del rural son dos retos que el Gobierno asume como prioridades», y ha insistido en exigir a la Xunta que haga una «gestión eficiente en la que no se pierda ni un solo euro en la recuperación de Galicia».

Las bonificaciones permiten subvencionar la compra de la vivienda en el 82% de los ayuntamientos gallegos. En 87 municipios de Ourense, 72 de A Coruña, 61 de Lugo y 37 de Pontevedra.

El objetivo de este programa es ayudar a las personas de hasta 35 años a pagar el alquiler o comprar una casa en los ayuntamientos gallegos que no superen los 10.000 habitantes.

También se tiene en cuenta el límite de ingresos en la unidad de convivencia, en el que hay varios tipos. Se sitúa en tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem); en el caso de las personas con discapacidad es de cuatro y si la discapacidad es severa cinco veces.

Por otra parte, la cuantía de la ayuda será de un máximo de 10.800 euros con un límite del 20% del precio de adquisición, que no debe superar los 120.000 euros y el domicilio deberá ser el habitual y permanente durante cinco años.

En el caso del alquiler, cubre hasta el 60% de la cuota mensual en arriendos de hasta 600 euros al mes o hasta 300 euros en el caso de las habitaciones. La ayuda se puede recibir durante cinco años y es compatible con el bono alquiler joven. El plazo para la solicitud termina en la comunidad gallega el 30 de septiembre, martes.