Facua-Consumidores en Acción ha criticado que el Gobierno siga adelante con su plan de implantar un nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país a partir de 2024, al considerar que se trata de una medida que terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo.

La organización de defensa de los consumidores ha emitido un comunicado en el que rechaza «de pleno» el modelo propuesto por el Gobierno y ha señalado que se trata de una medida que «supondrá un importante perjuicio económico para los usuarios habituales».

Recientemente, la Dirección General de Carreteras, perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado un estudio a la consultora pública Ineco para valorar el nuevo sistema de financiación de las carreteras, en línea con el compromiso que adquirió con Bruselas a cambio de recibir fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya avanzó en octubre de 2021 que el Gobierno se encontraba trabajando en esta medida, aunque el pasado mes de junio descartó iniciar el debate correspondiente con el sector debido a la situación económica. Sin embargo, volvió a confirmar que el plan seguía adelante y que la idea era implantarlo a partir de 2024.

PIDE QUE SE FINANCIE VÍA PRESUPUESTOS

A juicio de la asociación, el dinero para la financiación de las carreteras estatales debe proceder de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de manera que el dinero necesario para su mantenimiento salga de los impuestos directos de los ciudadanos. «La financiación a través de dichos impuestos permite garantizar una cierta progresividad, ya que los ciudadanos aportan en función de su nivel adquisitivo», han explicado.

Por el contrario, el modelo que busca implantar el Gobierno supone «un pago por igual a todos los usuarios», sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica.

De igual forma, Facua ha lamentado que esta medida supondrá «un claro perjuicio» para aquellos usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos y que usan estas vías para sus desplazamientos diarios.

Asimismo, la asociación ha criticado que la medida se plantea en un momento en el que no hay una apuesta «clara» por el transporte colectivo que sea eficiente y eficaz, que pueda representar una alternativa real al uso del automóvil.

Entre los motivos esgrimidos por el Gobierno para poner en marcha este plan se encuentran el coste de conservación de la red de carreteras de alta capacidad, que «no son posibles de asumir de manera directa por los recursos presupuestarios», y la minoración de la emisión de gases de efecto invernadero.

Sobre este último punto, Facua ha instado al Gobierno a que, si el impacto medioambiental es uno de los argumentos, debe apostar «firmemente» por un transporte público colectivo con infraestructuras suficientes y a un precio «asequible».