El naufragio del pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo’, ocurrido el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá), cumple este lunes seis meses. Los familiares de una tragedia que dejó 21 fallecidos y tres supervivientes insisten en la necesidad de bajar al pecio antes de que termine el verano para recabar pruebas sobre lo sucedido, al tiempo que reiteran sus críticas al Gobierno por no acceder a esta petición.

«Hemos demostrado de forma demoledora que se puede bajar al barco de forma segura», asegura la portavoz de los familiares, María José de Pazo, en un audio remitido a los medios este lunes.

Resalta que «hay muchas formas de bajar con un robot», y «ese robot ni siquiera lo tiene que poner el Gobierno español». «Noruega ofrece un sónar para medir la profundidad y un robot de forma gratuita y no han hecho caso», se queja.

De hecho, remarca que «la Xunta se ha ofrecido a pagar el transporte de ese robot y sónar», pero por parte del Gobierno central «no han hecho caso a este ofrecimiento». Lamenta que «se escudan en que hay una investigación judicial abierta», pero «todavía no hay un juez instructor fijo» ni un juzgado definitivo, por lo que se desconoce «cuándo será».

«Mientras tanto, estamos en tiempo de descuento», deja claro, puesto que los peritos apuntan a que «el tiempo idóneo para bajar era el verano».

ARREMETE CONTRA SÁNCHEZ Y SU GOBIERNO

Así, María José de Pazo considera que el Gobierno español «todavía no ha cometido sus obligaciones» al «no» abrir una investigación cuando hay un accidente grave.

También se queja de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no les trasladase «por escrito» una explicación de por qué no se baja al pecio, después de haberse reunido con ella. Igualmente, reprochan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha recibido a las familias, «aunque fuesen 10 minutos».

También critica a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, «que es gallega aparte», debido a que: «Ni siquiera haya respondido por qué no nos recibe, cuando también hay claramente pruebas de delitos graves contra la seguridad y salud de los trabajadores».

La portavoz de las familias tacha todo ello de «gran vergüenza» en relación con un ejecutivo que «alardea de ser el gobierno que vela por la clase trabajadora».

Acusa al Gobierno de «dejadez», «falta de rigor» y «dejación de funciones». «Todas las excusas que fueron diciendo, las fuimos desmostando una por una», asevera.

«Estos 21 tienen unas familias detrás que van a seguir luchando para que se esclarezcan las causas de ese naufragio», asegura, con el fin de que «nunca más vuelva a suceder».