InicioCIENCIA Y MEDIO AMBIENTELa Confederación del Miño-Sil considera "no autorizable" la playa fluvial de Lugo

La Confederación del Miño-Sil considera «no autorizable» la playa fluvial de Lugo

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La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) –organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica– considera que «no es autorizable» la nueva ubicación proyectada por el Ayuntamiento de Lugo para una playa fluvial en el río Miño, con base en el informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta.

En su informe, la Administración autonómica indica que el nuevo emplazamiento de la zona de baño no es autorizable porque acusaría daños a la colonia y el hábitat de dos especies protegidas existentes en el lugar de la instalación proyectada.

«Atendiendo al informe de la Xunta de Galicia, preceptivo y vinculante, no es autorizable la nueva ubicación, independientemente de que desde el punto de vista de la normativa de Aguas que establece las competencias de los organismos de cuenca, sí cumple», explica el presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga.

Ahora, la Confederación Hidrográfica abre el trámite de vista y audiencia de 15 días de alegaciones al expediente, una vez recibido el informe preceptivo y vinculante de la Consellería de Medio Ambiente que es desfavorable a la nueva ubicación propuesta por el promotor de expediente, el Ayuntamiento de Lugo.

No obstante, añade que el Ayuntamiento de Lugo también tiene la posibilidad de alegar y aportar nueva documentación que pueda cambiar el criterio de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta.

«El trámite de vista y audiencia posibilita al Ayuntamiento a aportar nueva documentación que posibilite la viabilidad desde el punto de vista ambiental», matiza el presidente. «Desde la CHMS seguiremos poniendo todos los medios disponibles para que los vecinos de Lugo puedan disfrutar de la tan ansiada zona de baño», concluye Quiroga

El Ayuntamiento de Lugo acusó a la Xunta de «negar» una playa fluvial a los lucenses, mientras considera que «el informe de Patrimonio Natural trata de coartar la legitimidad del permiso otorgado por 25 años y al que dio su beneplácito en 2019».

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