El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha constatado, tras su reunión con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que ha recibido un «no rotundo» del mandatario estatal a la reivindicación de gestionar las competencias del litoral, pese a que –ha insistido– el Consello Consultivo de Galicia «avaló» que era posible efectuar el traspaso sin reformar el Estatuto de Autonomía.

En la rueda de prensa posterior a su reunión con Sánchez, el presidente gallego ha insistido en que transferir a Galicia «solo depende de la voluntad política» del Gobierno central y «no hay problema jurídico en contra».

«Le he dejado toda la documentación», ha indicado, antes de incidir que la Xunta tiene en cuenta la necesidad de «preservar» el medio ambiente, pero también que edificaciones y empresas que efectúan su actividad en el litoral necesitan «certezas».

«Me dijo que no categóricamente y yo le he trasladado que la Xunta y yo seguiremos insistiendo para que esa transferencia se produzca. Es difícil porque se acaba de acordar con Canarias lo que a nosotros se nos niega de raíz», ha esgrimido Rueda.

En el apartado de competencias, el presidente gallego también ha explicado que trasladó a Sánchez la necesidad de «agilizar» el proceso para poder materializar el traspaso de la AP-9, que sigue su tramitación legislativa en el Congreso «a un ritmo lentísimo», bajo el punto de vista de Rueda.

REFORMA ESTATUTARIA

Por su parte, en su comparecencia, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha reafirmado la postura del Ejecutivo central: a diferencia de otras comunidades –ha puesto el ejemplo reciente de Canarias–, Galicia «no tiene reconocido en su Estatuto la posibilidad de asumir las competencias de costas».

«La ley, la Constitución y los estatutos nos marcan la dirección; es la única dificultad que podría existir para trabajar en la transferencia», ha indicado Rodríguez, quien ha animado a la Xunta a impulsar una modificación de su carta estatutaria si quiere avanzar en esta competencia.

En todo caso, tras reivindicarse como «defensora del Estado de las autonomías», Rodríguez ha enviado «un mensaje de tranquilidad» a los sectores afectados. «No existe ningún riesgo para actividades y empresas que por su naturaleza no puedan desarrollarse en otra ubicación», ha esgrimido.

«Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad porque ni las industrias ni los ciudadanos tienen que estar pendientes de quién tiene la competencia. Las administraciones debemos prestar y hacer una buena gestión de nuestras competencias», ha esgrimido, para garantizar que el Ejecutivo central lo hará con las del litoral.