El Gobierno gallego ha aprobado un decreto paraguas que habilita a las consellerías afectadas para ponerse a trabajar en las distintas convocatorias con el fin de prestar ayuda a los ciudadanos que han sufrido la ola de incendios que a la Comunidad, con el foco, en primer término, en quienes han visto destruidas o muy dañadas sus viviendas.
Aunque el detalle se conocerá en próximos días –las convocatorias previsiblemente estarán listas para la reunión del Gobierno del próximo jueves–, Rueda ha avanzado que la Xunta estará en condiciones de cubrir el 100% del coste de reconstruir las viviendas afectadas por el fuego hasta 122.000 euros si son primera residencia.
Si el inmueble destruido se corresponde con una segunda vivienda, el máximo que se cubrirá ascenderá a 61.200. Estas ayudas serán compatibles con los seguros de hogar y subvenciones que puedan poner en marcha otras administraciones –los municipios de Valdeorras más afectados, por ejemplo, solicitarán al Gobierno la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil, la antigua zona catastrófica–.
Las ayudas de la Xunta serán más amplias, en todo caso, y también se habilitará crédito para reparar establecimientos comerciales o afrontar los gastos de explotaciones agrícolas e instalaciones municipales afectadas, como pueden ser las traídas de agua.
La ola de incendios que, desde el pasado jueves afecta a Galicia, continúa sin control tras arrasar unas 30.000 hectáreas, una cifra equivalente a lo quemado en el pasado mes de junio en la sierra de la Culebra (Zamora). Los dos principales fuegos, en O Courel (Lugo) y Valdeorras (Ourense), registran ya unas cifras históricas por encima de las 10.000 hectáreas cada uno.
La Xunta elevó el número de desalojados en días pasados a más de 1.400 –a los que sumarían otros 54 vecinos de Quiroga en las últimas horas–, aunque la mayoría han podido regresar a sus casas. En cuanto al cómputo de inmuebles pasto de las llamas, Rueda ha precisado este jueves que hay 75 viviendas afectadas, según la primera evaluación realizada por la Administración autonómica.
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