La Xunta ha insistido en que el Estado es la administración competente tanto para reclamar la titularidad como para incoar la declaración como bien de interés cultural (BIC), procedimientos para los que ha trasladado su disposición a colaborar.

Así lo ha destacado la directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Ínsua, durante la Comisión primera del Parlamento de Galicia, en la que ha dado respuesta a una pregunta formulada por el diputado Luis Bará, quien ha censurado que el Gobierno gallego «no esté haciendo nada» a respecto de la ampliación del BIC.

«Habla de la propiedad pero no de la protección y dice que, en todo caso, están estudiando los bienes que pueden tener valor patrimonial y cultural, supongo que para la protección del BIC, pero el problema no es ese, el problema es que hay que proteger el conjunto, el continente y el contenido y, por lo tanto, todos los elementos que son imprescindibles para contar la historia de ese lugar histórico», ha sostenido Bará, que ha dicho que esta historia la cuentan los elementos que están dentro, a excepción de los que fueron adquiridos por la familia Franco a partir de 1975. «Esos pueden llevarlos, no hay ningún problema», ha expresado.

Al respecto, la directora xeral de Patrimonio Cultural ha replicado a Bará que estas afirmaciones «no se ajustan a la realidad» y ha incidido en que, desde el primer momento, la Xunta explicó quién era el órgano competente.

«Y la administración competente no solo para reclamar la propiedad, que así hizo el Estado y la Xunta participó como coadyuvante, sino también para la incoación de un BIC», ha sostenido para precisar que, «cuando un bien está adscrito a un servicio público estatal, la Ley de Patrimonio del Estado establece claramente en su articulado que es competencia del Estado la incoación de ese procedimiento».

Con todo, ha destacado que, por parte de la Xunta se mostró la «colaboración con la Administración estatal». «Y ese es el motivo por el cual se está trabajando en el convenio y en la elaboración del anexo que tiene que integrar esa declaración BIC», ha señalado.

Sobre este anexo, ha sostenido que «no todos los bienes muebles existentes en el Pazo de Meirás tienen valor cultural destacado». «Quiero que no se olvide que ese es el objetivo principal del un procedimiento de bien de interés cultural», ha asegurado.

En este sentido, ha afirmado que «un procedimiento de bien de interés cultural tiene que reconocer el valor cultural destacado, y ese es el objetivo en el que se está trabajando por parte de los técnicos de ambas administraciones para llegar a definir cuáles son aquellos bienes que cumplen esa finalidad y esa cualidad y que están vinculados a las dos figuras históricas relativas al Pazo de Meirás», ha apuntado.

USOS DEL PAZO

En la comisión, además, la directora xeral ha subrayado que la Xunta considera Meirás como «un símbolo de reconciliación y de creación cultural, basado en la figura de la persona que hizo posible ese espacio, la escritora Emilia Pardo Bazán».

«Por lo tanto, al Gobierno de Galicia le parece más adecuado restituir la esencia de Meirás y convertirlo en un faro de igualdad en dos vertientes: potenciar la importancia de la mujer en la creación intelectual y aprovechar el legado de Emilio Pardo Bazán como una de las pioneras del feminismo de España», ha señalado para incidir en que «la Xunta pretende que las Torres de Meirás vuelvan a «su sentido original deturpado por el Franquismo» y «sin obviar también que fue residencia de un dictador».

De este modo, ha sostenido que se apuesta por un espacio para el «entendimiento» y la «concordia» que explique «toda su historia» y «no solo la etapa referente al Franquismo».

Al respecto, el diputado del Bloque a acusado a la Xunta de «utilizar» el «faro de igualdad» como una «trampa» para «borrar más de 80 años de historia». «Ustedes quieren borrar de un plumazo la historia de la dictadura, en la que este lugar cumplió un papel fundamental político y también represivo», ha reprochado.

También ha criticado que la Xunta busque «borrar también todo lo que pasó después en la Transición» y, a partir del 2004, en el proceso de «lucha y recuperación». «Quieren hacer la misma operación que con la Illa de San Simón, la antimemoria», ha apuntado.