La plataforma de víctimas del Alvia 04155 ha señalado este miércoles que confían en que Bruselas realizará una auditoría antes de final de año sobre el procedimiento de infracción abierto contra España por el incumplimiento de la normativa europea de seguridad ferroviaria, un expediente que esta asociación vincula a la falta de investigación sobre el accidente de tren de Angrois, en el que fallecieron 80 personas.

Tras una reunión con el director de la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, Kristian Schmidt, en la que también ha participado la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, el portavoz de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, ha indicado ante los medios que se les confirmó que habrá una auditoría a finales de año. Irán miembros de la Agencia Ferroviaria Europea a chequear si realmente España está cumpliendo con lo que dice».

En el encuentro en Bruselas, la plataforma de víctimas del accidente ferroviario reclamaron «una investigación independiente por parte del Estado español», ha indicado Miranda, así como «que no se cierre ese procedimiento de infracción que conseguimos abrir en 2019 y que se ha retrasado de una manera totalmente escandalosa».

En 2019, la Comisión Europea abrió un expediente sancionador contra España al considerar que sus procedimientos de control de la seguridad ferroviaria «no cumplen los requisitos» que exige la normativa comunitaria.

En ese momento, Bruselas identificó «deficiencias» en la forma en que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) «analiza e investiga los accidentes e incidentes», según ha informado la institución comunitaria en un comunicado.

«El informe todavía no ha llegado. Ahora nos informan de que en agosto vendrá otra parte del informe», ha indicado la portavoz del BNG en Europa sobre la documentación que tiene que enviar España relativa a ese procedimiento de infracción, iniciado en 2019, por el que Bruselas le ha pedido la certificación de que se cumplen con los criterios de independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Miranda ha lamentado que esa información no se haya proporcionado «en tres años y medio» y ha denunciado que España haya enviado el informe «por partes». En un paso más, ha manifestado su satisfacción por que la Comisión Europea haya dicho que el procedimiento de infracción no se cierra porque hay «indicios» de que todavía no se está cumpliendo la legislación ferroviaria europea.

La Agencia Europea Ferroviaria publicó un informe en 2016 en el que determinó que el análisis sobre el accidente de tren Alvia, en el que murieron 80 personas, era incorrecto y que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no era independiente. A raíz de ello, Bruselas ha pedido en varias ocasiones a España que efectúe una nueva investigación técnica que cumpla con los requisitos europeos.

En un paso más, Miranda ha destacado que el director de la Dirección General de Transporte y Movilidad ha asegurado que se dirigirá a la comisaria de Transporte, Adina Valean, para que envíe una carta al España «para insistir en la investigación independiente» sobre el accidente ferroviario en la localidad gallega de Angrois el 24 de julio de 2013, una investigación que corresponde realizar a los Estados miembros.

«ELEMENTO POSITIVO DE PRESIÓN»

«El director general se comprometió a hablar con ella ahora en septiembre y que, antes de fin de año, la comisaria envíe al Estado una carta emplazando una investigación independiente», ha asegurado la portavoz del BNG.

«Nos parece un elemento positivo de presión», ha dicho Miranda que ha razonado que «la comisaria todavía no se ha manifestado sobre el tema y creemos que va siendo hora».

Además, la portavoz del BNG ha recordado que en 2017 la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea ya envió una carta a España en la que invitó a reabrir la investigación y llevarla a cabo con independencia a la CIAF.

Así Miranda ha incidido en la demanda de la plataforma de víctimas del Alvia de que «haya una investigación independiente como exige la normativa comunitaria» y esté realizada por «un organismo que sea imparcial y no la CIAF», que «en la práctica no lo es».