La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado de «ataque a la democracia» el hecho de que las seis grandes constructoras del Estado lleven 25 años «pactando la licitación de obra pública», es decir, «25 años haciendo trampa para repartirse miles de millones de euros en contratos públicos». Así, pide un inventario de las obras en Galicia.

Para la líder nacionalista, que una presa de multinacionales «estafen a un Estado durante 25 años, marcando sus propias reglas, evidencia que el sistema democrático no funciona». Al mismo tiempo, considera «sorprendente» que durante décadas «se produjera una estafa masiva en la contratación pública sin que ni el Gobierno del PP ni el Gobierno del PSOE detectasen ese fraude a todos los contribuyentes».

Al hilo de ello, ha recordado que se acaba de derrumbar un viaducto en la A-6, un puente que llevaba 20 años en funcionamiento construido, precisamente, por una UTE integrada por dos de esas multinacionales sancionadas, FCC y ACS.

«¿Estamos en condiciones de asegurar que este puente no se derrumbó precisamente como consecuencia de un proceso de licitación de las obras viciado y asentado en una estafa?», se ha preguntado Pontón.

Es más, ha advertido de que «un mes después del derrumbe, nadie ha asumido responsabilidades». «Y por eso denunciamos un pacto de silencio PP-PSOE para proteger los intereses que, desde luego, no son los de los gallegos».

Para el BNG es «evidente» también que el sistema de control y sanción ante estas multinacionales «no funciona y hay que cambiarlo», empezando, añadió, por incrementar las sanciones para que «estafar en la contratación no sea rentable».

«La Comisión Nacional de la Competencia hizo un trabajo de investigación loable, pero es evidente que 204 millones de sanción a estas multinacionales es irrisoria en comparación con los beneficios multitudinarios que obtuvieron, por eso hay que aumentar las sanciones hasta que las multas hagan inviable la estafa», ha esgrimido.

INVENTARIO DE OBRAS

Al margen de ello, el BNG pide al Gobierno de la Xunta un inventario de las grandes obras públicas adjudicadas en los últimos 25 años en Galicia, incluyendo presupuestos y empresas adjudicatarias.

«Destapado el fraude, la ciudadanía tiene derecho a saber la cuantía de las obras adjudicadas a estas multinacionales multadas por estafa», ha concluido.