Las quejas, consultas y expedientes presentados ante la Valedora do Pobo durante el año 2021 volvieron a crecer de forma significativa, sobre todo en ámbitos sociales, lo que evidenció el impacto «desproporcionado» que la pandemia tuvo en la «fragilidad del sistema» de protección y en los colectivos más vulnerables, especialmente las personas mayores y las mujeres.

Así lo ha constatado la Valedora, María Dolores Fernández Galiño, durante su intervención este jueves en el Parlamento de Galicia para dar cuenta del informe de la institución correspondiente al año 2021.

«Tenemos la sensación de que, muchas veces, somos el último tren de muchas personas», ha dicho, especialmente en el caso de aquellas que «se quedan fuera de un sistema» muy encorsetado en «los protocolos» o que no pueden acceder al mismo en igualdad.

Las dificultades de acceso a la administración y a los servicios, ha dicho la Valedora, tuvieron un reflejo muy particular a raíz de la pandemia por la reducción de la presencialidad en las instituciones y el incremento de los accesos digitales, que excluyen a colectivos como los mayores, las personas sin recursos o las personas con discapacidad.

En su intervención, la Valedora do Pobo ha reivindicado el «derecho a la presencialidad» y a que la necesaria digitalización vaya de la mano de «acompañar a las personas en este proceso de transformación».

Para Dolores Fernández Galiño es esencial que la derivación a medios exclusivamente digitales sea «muy justificada», dado que la presencialidad en ciertos trámites y comunicaciones es «esencial para las personas vulnerables», que en muchas ocasiones no tiene acceso a los medios tecnológicos necesarios, así como para los mayores, para quienes presentan «dificultades de uso y desconfianza».

Del mismo modo, la Valedora ha incluido en este grupo a las personas con discapacidad, para quien estos cambios implican «problemas para acceder a la información o comprenderla».

La Valedora do Pobo ha iniciado sobre esta cuestión una actuación de oficio en la que, ha dicho, acaban de recibir informe de la Xunta apuntando que se «está avanzando en líneas de actuación en este sentido».

FRAGILIDAD DEL SISTEMA

En 2021, como había sucedido en 2020, la institución experimento un incremento de quejas, consultas y expedientes, sobre todo relacionados con los ámbitos de sanidad, educación y servicios sociales, lo que pone de relevancia, ha dicho Dolores Fernández, la «fragilidad del sistema» que evidenció la pandemia.

En este contexto, afloran «los perjuicios», que están «en la base de la violación de los derechos humanos», se «tensionan» las políticas públicas y «las personas que ya son vulnerables sufren una mayor vulnerabilidad», ha explicado.

El informe de actividad de 2021 recoge un aumento «considerable» del 34 por ciento en el número de asuntos –al pasar de 2.912 a 3.936–, mientras que se multiplicaron por dos los expedientes –pasando de 5.387 en 2020 a 10.736 en 2021 (de los cuales 5.502 fueron presentados por mujeres)–.

Así las cosas, las actuaciones –que incluyen las quejas colectivas, la atención presencial y telefónica– ascendieron a 19.544 frente a las 12.913, un dato que es relevante dado que en el ejercicio anterior ya habían subido. La actividad también se vio incrementada en la cifra de actuaciones de oficio, que pasaron a 103 en el informe de 2021 (+16%).

En cuanto a las consellerías, la de Sanidade ha sido la que ha concentrado el mayor número de asuntos, con un 41,97 por ciento. En este sentido, la pandemia ha seguido marcando las quejas y consultas realizadas, sobre todo, vinculados al proceso de vacunación, las listas de espera, medidas de prevención del coronavirus o pasaporte covid, entre otros. A continuación se situaron las consellerías de Educación y Política Social.

Las áreas de la institución con más actividad fueron sanidad (22,18%), empleo público y trabajo (10,72%), corporaciones locales y servicios municipales (10,56%) e inclusión social (7,45%).

Así las cosas, un total de 19.544 personas se dirigieron a la institución para presentar reclamaciones o pedir orientación y asesoramiento sobre sus problemas.

IGUALDAD DE GÉNERO Y LENGUA

Entre las áreas de mayor actividad de la institución –además de las anteriores–, la Valedora ha situado la igualdad de género, con la constatación de que continúa la brecha laboral entre hombres y mujeres, la asunción feminizada de los cuidados, la falta de percepción de los riesgos para la salud de las mujeres embarazadas o la persistencia de la violencia de género.

Este año, la institución abrió una subárea de conciliación, en la que se han abordado cuestiones como los permisos de maternidad de familias monoparentales, la falta de servicios de conciliación en pequeños ayuntamientos o áreas rurales, dificultades para la flexibilidad horaria por cuidado de hijos y dependientes o problemas entre el personal de las residencias de mayores.

Asimismo, se continuó con la labor de defensa de los derechos lingüísticos, un área en la que hubo 261 asuntos. De ellos 234 fueron promovidos por A Mesa pola Normalización Lingüística y el Observatorio de Dereitos Lingüísticos y, del total, 36 fueron remitidas al Defensor del Pueblo. La Valedora ha destacado, en este apartado, la colaboración de las administraciones con sus recomendaciones.

LAS «DEBILIDADES COMO SOCIEDAD»

En su turno de intervención, el diputado socialista Luis Álvarez ha constatado que las consecuencias de la pandemia han mostrado «las debilidades que tenemos como sociedad», algo que ha apostado por poner encima de la mesa y analizar fuera del «debate político».

«No se trata de cargar contra el Gobierno, si no de poner de manifiesto que, en una situación agravada por la pandemia, el Estado del Bienestar está claramente comprometido», ha dicho Luis Álvarez.

Además de los problemas en sanidad y hacia los mayores, mujeres y personas con discapacidad, el diputado socialista ha destacado los perjuicios aflorados hacia la pobreza, con «esa nueva pandemia que es la aporofobia».

Por su parte, el nacionalista Daniel Castro ha mencionado en su intervención los «retrasos en las valoraciones de discapacidad» para la Ley de Dependencia y el «año terrible» que ha sufrido el colectivo LGTBIQA+. «Tenemos la sensación de que vamos a peor, con acoso en centros educativos, dificultades para el cambio de nombre en los registros civiles, incremento terrible en las agresiones homófobas…», ha explicado.

En otro orden de cosas, el diputado del BNG ha considerado que «el informe deja bien claro» que uno de los principales problemas que apuntan los gallegos es «la escasez de vivienda pública» y la «falta de acceso» a la misma.

Finalmente, la diputada del PP Paula Prado ha destacado que las recomendaciones de la Valedora a la Xunta en aspectos tan «sensibles» como la dependencia y la discapacidad «fueron aceptadas», mientras que el Gobierno central no «cumple todavía con la financiación de la Ley de Dependencia» al 50%.

Prado, que ha vinculado los problemas en sanidad con la necesidad de unificar y modificar servicios por los riesgos de la pandemia, se ha detenido también en el aspecto de los derechos lingüísticos, alegando que «deben respetarse para las dos lenguas cooficiales». En este sentido, ha destacado que, de las recomendaciones hechas en esta materia por la Valedora, todas fueron aceptadas excepto una, la que se hizo al Ayuntamiento de Pontevedra en relación a la presencia de señalización de tráfico solo en gallego.