El pleno de la Cámara gallega ha aprobado este martes la ley de mejora del ciclo integral del agua, el primer texto legal al que se da luz verde de forma definitiva con Alfonso Rueda como presidente de la Xunta. La nueva norma ha salido adelante con el rechazo de la oposición –BNG y PSdeG– a lo que consideran una «subida de impuestos».
En cambio, el PP defiende que la nueva ley no supondrá un alza de impuestos, sino una reordenación de los existentes. «Si alguno escucha a algún grupo hablar de sablazo, pensará que la gente en Galicia no paga por el agua, y esto no es verdad», sostiene el diputado popular José Manuel Rey Varela. «Aquí lo que se hace es reemplazar tasas para aquellos ayuntamientos que libremente lo decidan por otros conceptos», explica.
Así, Rey Varela defiende que Galicia da «un nuevo paso» para la gestión de sus recursos naturales con este texto, con el que se busca evitar la mitad de las fugas existentes en las redes, por el cual que todos los ayuntamientos que quieran puedan solicitar de modo voluntario la gestión y ayuda autonómica.
Durante el debate, Luís Bará (BNG) ha denunciado que el PP «presume de que quieren bajar los impuestos y lo que hace es subir una vez más los impuestos a las familias y a los hogares». En esta línea, Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) apunta que «de repente aparecen el canon de gestión de depuradoras, el canon de gestión de redes de colectores y el nuevo canon de abastecimiento».
Al respecto, Rodríguez Rumbo ha señalado que, con base la memoria económica de Augas de Galicia, «la modificación del canon del agua» supondrá aumentos en la recaudación que «serán de más de 50 millones desde el primer ejercicio».
COSTES PARA LOS MUNICIPIOS
En relación con la voluntariedad de los municipios para adherirse a este modelo de gestión se ha debatido en esta jornada. Rodríguez Rumbo considera que «no es de recibo» que se les diga a los municipios «si le gusta, se sumen», pero «si no le gusta, se queden como están».
A esto se une la crítica de que la Xunta «contribuye solo con un tercio» de los costes de las obras, mientras los ayuntamientos asumen los otros dos tercios. «No se tiene en cuenta la capacidad económica y técnica de los ayuntamientos», lamenta. Igualmente, la diputada socialista reprueba que «la mayor parte» de los fondos de Augas de Galicia provienen de fondos europeos, pero los municipios «no tienen siempre acceso», «fundamentalmente los de menor tamaño» son los más perjudicados, apunta.
A renglón seguido, Bará ha cargado contra la Xunta por «actuar con un absoluto exceso de prepotencia y soberbia» por aprobar este texto «sin tener en cuenta la opinión del municipalismo», «sin cumplir el pacto local del agua anunciado a bombo y platillo en 2015» y «en contra de las comunidades vecinales de traídas del agua», además de sin contar con el CES.
También considera que la norma «no está adaptada a la realidad gallega» con más de 30.000 núcleos de población y prosigue con un «modelo de infraestructuras fracasado». Por toda esta «falta importante» en la tramitación de acuerdo social, Bará reprocha la «oportunidad perdida de llegar a un gran pacto gallego por el agua».
Por su parte, Rey Varela ha defendido una tramitación y una negociación «muy intensa» para sacar adelante esta ley, que cuenta con un «importante valor técnico». Incide en la «voluntariedad» para adherirse porque: «Creemos en la autonomía local».
«Junto al feminismo, el ecologismo está transformando la conciencia de la sociedad. Nosotros como representantes de los gallegos debemos trasladar las inquietudes a las leyes, no hablar solamente de feminismo y ecologismo, sino poner instrumentos para que el feminismo y ecologismo formen parte de nuestra capacidad de autogobierno», sostiene Rey Varela.
