La Consellería de Política Social e Xuventude de la Xunta lamenta «la improvisación y el oscurantismo» con la que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha convocado para este martes una nueva reunión con las comunidades para definir el nuevo modelo de cuidados a las personas mayores.

Según expresan a Europa Press fuentes del departamento que dirige Fabiola García, desde el 25 de mayo –cuando la mayoría de autonomías rechazaron el plan propuesto por el Gobierno– «no hubo ninguna intención» de abordar la cuestión «desde la coordinación y la colaboración institucional».

«Nadie se puso en contacto con las Administraciones autonómicas para abordar este tema que, además, se encuadra dentro de sus competencias», critican estas fuentes de Política Social.

Asimismo, la Xunta pone como ejemplo de esta «falta de seriedad» el hecho de que, aunque el propio Consejo Territorial de Servicios Sociales marca un margen de 10 días para remitir a las comunidades la documentación, en esta ocasión «se aportó solamente tres días antes, para finalmente desconvocar la reunión ordinaria y hacerla extraordinaria un día después».

La Consellería recuerda que la mayoría de comunidades rechazaron a finales de mayo la propuesta de Derechos Sociales porque eran «inasumibles» y denuncia que ahora, en esta nueva reunión, pretende abordar «un documento ya cerrado» sin que se incluyesen «ninguna de las alegaciones» presentadas.

EL PRESUPUESTO

Otro punto que «llama la atención» de la Xunta es el presupuesto para el nuevo modelo, toda vez que el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, asegura que los recursos de las autonomías son suficientes para financiar la reforma.

Al respecto, Política Social responde que el Estado «suma una deuda de más de 2.100 millones de euros con Galicia», ya que no aporta el 50 por ciento del gasto en dependencia como establece la ley estatal en la materia.

En este contexto, la Xunta insiste en que el envejecimiento precisa una «estrategia común consensuada y útil» porque es una de sus «prioridades». Por eso, concluye, «no se puede entender que el Gobierno central trate de solucionar esta cuestión de manera improvisada y desde el oscurantismo».