El pleno de la Cámara gallega aprobará en la sesión plenaria que se celebra este martes y miércoles, días 28 y 29 de junio, la Ley de mejora del ciclo integral del agua, el primer texto legal que quedará aprobado de forma definitiva bajo la Presidencia de Alfonso Rueda, tras iniciar su tramitación en el último mandato de Alberto Núñez Feijóo.

El orden del día arrancará por la mañana con la comparecencia de la conselleira de Política Social, Fabiola García. Tras ello, la sesión se interrumpirá con motivo de la celebración del acto de entrega de las Medallas Castelao. Ya por la tarde tendrá lugar el debate y aprobación definitiva de la Ley mejora del ciclo integral del agua; así como la toma en consideración del Proyecto de ley de áreas empresariales de Galicia.

Además, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, deberá responder en la sesión de control a las preguntas de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, sobre su papel en la defensa de los intereses de Galicia; y del portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, quien le interpelará sobre la situación de la Atención Primaria.

Precisamente, los socialistas gallegos buscarán centrar el pleno en el «gravísimo problema» de la Primaria. Para ello, llevarán, asimismo, una moción en la que emplazarán al Gobierno gallego a comprometer la convocatoria, en las dos próximas Ofertas Públicas de Empleo, de plazas para todas las categorías laborales implicadas en la Atención Primaria; así como ampliar el tiempo de los contratos de continuidad hasta un mínimo de dos años. En materia sanitaria, el PSdeG también interpelará a la Xunta sobre la situación de la Medicina Interna.

Los socialistas gallegos también defenderán otra moción en la que pedirán el incremento del número de técnicos de los equipos de valoración de la dependencia y urgirán al Gobierno gallego que remita a la Cámara un informe detallado sobre las listas de espera pro provincias.

Además, defenderán una proposición no de ley a través de la que reclamarán que la Xunta se persone en los casos de LGTBifobia y otra para que la Xunta implante el sistema de guardias 24 horas en los juzgados de A Coruña y Vigo, como reclaman los profesionales.

Por último, preguntarán al Ejecutivo autonómico sobre la colaboración con el Gobierno para mejorar el mapa de transporte de Galicia al sostener que el diseñado por la Xunta «no da respuesta a las necesidades de la población» y urgirán a la Consellería de Educación que incluya el bachillerato general y el de artes en la oferta formativa de los centros educativos del Val Miñor.

INICIATIVAS DEL BNG

Por su parte, en la sesión en la que Pontón preguntará a Rueda sobre la defensa de los intereses de Galicia ante el Estado, el Bloque buscará un acuerdo unánime para reclamar la creación de tres juzgados específicos de violencia machista en Santiago de Compostela, Lugo y Ourense.

También pedirá que la Xunta se persone en los casos de delitos de odio por LGTBifóbia en un contexto de «incremento» de este tipo de agresiones.

El orden del día también recoge que el BNG interpelará al Gobierno gallego tanto sobre la siniestralidad laboral como sobre el uso agrícola o forestal de tierras de vocación agrícola. Además, entre otras cuestiones, formulará preguntas a la Xunta sobre los contratos privados de patrocinio publicitario adjudicados por Turismo de Galicia a medios de comunicación madrileños.

PROPOSICIONES DEL PPDEG

Por su parte, el Grupo Popular demandará al Gobierno que rectifique lo dispuesto en la Ley de residuos estatal, que reduce al próximo 30 de junio el plazo para que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes implanten el contenedor marrón para la recogida de biorresiduos. De este modo, reclamará que el plazo se amplíe hasta diciembre de 2023 como marca lo establecido en la Directiva Europea y en la Ley de residuos de Galicia.

Una segunda proposición no de ley de los populares gallegos tiene como objetivo que el Gobierno central actúe con toda la celeridad posible para dar una solución al colapso y cierre a la circulación del viaducto de O Castro, en la Autovía del Noroeste, concretando las previsiones sobre los trabajos de reparación, así como de las iniciativas dirigidas a revisar, inspeccionar y garantizar la seguridad y funcionalidad de todos los viaductos de esta autovía.

Además, el PP se interesará por la valoración de la Xunta sobre la decisión de los responsables municipales de la ciudad de Lugo de «mantener cerrado, sin uso y sin mantenimiento», el nuevo auditorio después de una inversión que supera los 25 millones de euros; y preguntarán también al Gobierno gallego sobre la sentencia del Tribunal Supremo que desestima la reclamación hecha por la empresa concesionaria de la AP-9 sobre el pago de los peajes en sobre de Rande y A Barcala.