El informe de la Valedora do Pobo, que su titular, Dolores Fernández Galiño llevó este lunes al Parlamento, incluye un total de 40 asuntos relacionados con el área de igualdad de género, de los cuales 35 fueron admitidos.

La mayoría de las cuestiones planteadas por la defensoría gallega fueron aceptadas por las entidades a las que se refería, pero como recoge el informe, la Consellería de Medio Rural no aceptó la revisión de una convocatoria de ayudas para una joven agricultora que estaba embarazada.

Así, la Valedora do Pobo trató la oportunidad de incorporar la perspectiva de género en las bases para la concesión de subvenciones en el caso de una mujer que perdió una para incorporarse a la actividad agraria por estar embarazada, y el consecuente permiso de maternidad y lactancia en situación de riesgo.

Una agricultora solicitó una ayuda para la creación de empresas para personas agricultoras jóvenes con el fin de incorporar a este colectivo al ámbito agrario, en virtud de unas ayudas de apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas, cofinancidas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). La solicitud fue aprobada y se le concedieron 50.000 euros para la ejecución de su plan empresarial.

Paralelamente, esta persona solicitó un ayuda para el apoyo a las inversiones en las explotaciones. En el momento en el que solicitó el segundo pago, el servicio territorial de Explotaciones Agrarias de Lugo informa de que «la persona beneficiaria incumple el requisito de tener la condición de agricultor profesional», ya que su informe de vida laboral indica que está trabajando a tiempo completo por cuenta ajena, pese a está de alta como autónoma en la actividad agraria.

Según el expediente que incorpora la Valedora, las ayudas recogen como requisito un mínimo de volunt de trabajo de 0,5 unidades de trabajo agrícola.

PIDIÓ UN AÑO MÁS PARA JUSTIFICAR LAS AYUDAS

La beneficiaria informa a la Consellería de Medio Rural de su situación de baja por riesgo para el embarazado, de la baja maternal y de la posterior baja por riesgo para la lactancia natural, por lo que solicitó la ampliación por un año del plazo de incorporación. Al estar en suspensión de contrato por las bajas, no podía cumplir con la obligación de reducción de jornada por causa de fuerza mayor derivada del embarazo, por lo que para realizar el segundo pago, debía acreditar el cumplimiento del requisito que solo podría cumplir «como se le sugirió» gestionando una reducción de jornada en su trabajo por cuenta ajena.

REVISAR LAS AYUDAS Y FUTURAS CONVOCATORIAS

De esta manera, y sobre la base de las leyes de igualdad y de impulso demográfico, la defensoría gallega recomendó «revisar la resolución», con el fin de «garantizar la seguridad jurídica, comprobando la vida laboral, verificando la suspensión del contrato durante los periodos mencionados y valorando la conveniencia de modificar la interpretación realizada» si así lo demostraba la documentación aportada.

Además, la Valedora do Pobo también sugirió que este órgano valorase la conveniencia de incluir en las sucesivas bases para la concesión de ayudas o subvenciones la perspectiva de género, «imprescindible para integrar la legislación vigente en materia de igualdad real».

Como recoge el informe de la defensoría gallega, recopilado por Europa Press, las recomendaciones «no fueron aceptadas» por la Consellería de Medio Rural, que se ratificó en «la legalidad del procedimiento de reintegro» de las ayudas por «incumplimiento» de los requisitos de las bases de la convocatoria.