El Parlamento gallego ha aprobado este miércoles por unanimidad impulsar la convocatoria de la comisión mixta entre la Xunta y el Gobierno central para mantener el apoyo a la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9, así como de las competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre.
La proposición no de ley (PNL) registrada por el Bloque incidía en el traspaso de la autopista. Sin embargo, tras pactar una transacción con el PPdeG, se ha incorporado un segundo párrafo para incluir también la reclamación de «otras competencias sobre las que ya hubo acuerdos parlamentarios» y que o bien «ya fueron transferidas» o bien «están en proceso de negociación» con otras autonomías.
Del mismo modo, el texto final de la iniciativa ha urgido la convocatoria de la Comisión Mixta Xunta-Estado para impulsar todas estas transferencias.
El encargado de defender la PNL ha sido el nacionalista Luís Bará, quien –durante la sesión del martes, aunque la votación ha sido este miércoles– ha reivindicado que fue el Bloque quien impulsó «desde 2015» el traspaso de titularidad de la AP-9 y que, desde entonces, contó con la unanimidad de la Cámara autonómica.
A pesar del acuerdo unánime, ha aprovechado para acusar a populares y socialistas de ser fuerzas políticas «centralistas». Por un lado, Bará ha lamentado que el PP, cuando Ana Pastor era presidenta del Congreso, «vetase» la tramitación de la ley de transferencia de la autopista.
Posteriormente, y aunque la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa supuso el desbloqueo de esta ley, ha criticado que se rechazase su tramitación de urgencia y que la actual ministra de Transportes, Raquel Sánchez, advirtiese que el cambio de la titularidad «tiene difícil encaje» por las bonificaciones aprobadas por el Gobierno central.
PPDEG INCIDE EN EL LITORAL
El PPdeG ha mostrado su apoyo a la iniciativa nacionalista, si bien ha optado por negociar una transacción para incluir en el texto la reclamación de las competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre.
La diputada Begoña Freire ha defendido reclamar mayor autonomía para Galicia con un «plan ordenado» y «estableciendo prioridades», entre las que, precisamente, se incluyen tanto la AP-9 como el litoral.
Del mismo modo, ha explicado que el PPdeG «no renuncia a aspirar al máximo techo competencial, como se marca para el resto de comunidades históricas» de España, aunque ha matizado que estas transferencias deben ser «útiles» y que «mejoren la gestión».
«No queremos que desde Madrid se decida sobre nuestro litoral», ha proclamado Freire. De esta frase se ha servido Bará para, de broma, preguntarle si se iba a sumar a las filas nacionalistas: «Estoy por darle su afiliación al BNG».
EL PSDEG, A FAVOR
Por su parte, Patricia Otero ha prometido el apoyo del Grupo Socialista a esta PNL y ha asegurado que la postura del PSdeG «siempre fue la misma»: «A favor de la transferencia de la AP-9 a Galicia y también de la ordenación de nuestro litoral».
Precisamente, al respecto del dominio público marítimo-terrestre, ha apoyado que la Xunta asuma esta competencia sin necesidad de modificar el Estatuto de Autonomía, tal y como demanda el Gobierno central. Con todo, Otero ha explicado que «es preciso abordar una modificación» de esta norma para facilitar próximas transferencias y conseguir «el mismo nivel competencial» que otras comunidades.
Además, la diputada socialista se ha congratulado –con tono irónico– de que el PPdeG «cambió de postura», porque cuando el expresidente gallego Emilio Pérez Touriño presentó una lista de competencias a reclamar al Estado, entre ellas el litoral, los populares se dedicaron «a poner palos en las ruedas».
PUERTO DE CAMBADOS
Por otra parte, no ha salido adelante una iniciativa de los socialistas para reclamarle a la Xunta que impulse la redacción del plan especial del puerto de Cambados (Pontevedra) tras corregir las «deficiencias técnicas» que señaló un informe de la Dirección General de Costas del Estado.
Patricia Otero (PSdeG) ha argumentado que se trata de aportar «seguridad jurídica» al muelle y ha afeado que el PPdeG y el Gobierno gallego se dediquen a «meter miedo» al sector mar-industria con el supuesto peligro que corren las concesiones en el litoral con la nueva ley estatal de cambio climático.
Frente a estas críticas, la popular Teresa Egerique ha insistido en que es «el propio PSOE» el que «está planteando que no haya seguridad jurídica» en las concesiones y en los puestos de trabajo «con sus decisiones», también con el informe de Costas sobre el puerto de Cambados. «Es un problema real, nada de especulaciones», ha añadido.
Por parte del BNG, que ha apoyado la PNL, Montse Prado ha lamentado que el plan especial del puerto lleve «ocho años deambulando para ser aprobado» y ha arremetido contra socialistas y populares por «decir una cosa aquí y a los vecinos» de Cambados, pero luego «votar otra en Madrid».
