Los dueños de la discoteca Villa Rosa de Baiona (Pontevedra), un empresario y su hijo, se sentarán este miércoles en el banquillo de los acusados del juzgado de lo Penal 3 de Vigo, tras tres aplazamientos del juicio por diversas razones, acusados de un delito contra el medio ambiente y uno de lesiones, por los ruidos que generaba el local, y se enfrentan a 4 años de cárcel y multa de 84.000 euros.
La vista se señaló inicialmente para abril de 2021, pero fue suspendida porque una de las partes no había recibido toda la documentación del procedimiento, y se fijó para octubre de ese año. En ese momento, también se suspendió por la personación de un nuevo letrado y se fijó una nueva fecha, para febrero de 2022.
Sin embargo, en febrero, y tras negociaciones infructuosas para llegar a un acuerdo, la vista acabó por aplazarse nuevamente ya que, a falta de conformidad, no podía celebrarse el juicio por la ausencia de varios testigos. Por ello, ha sido fijado para este miércoles.
ACUSACIÓN PÚBLICA
Según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, «al menos desde 2014» esta discoteca generaba ruidos que excedían los límites legales y, a pesar de las numerosas denuncias, mantuvo su actividad. Así, las mediciones realizadas entre 2014 y 2017 en el exterior del local arrojaron resultados de más de 70 decibelios (cuando el máximo permitido eran 50) y las realizadas en la vivienda de los denunciantes superaron con creces los 40 decibelios (cuando el máximo eran 30).
El local fue denunciado y el Ayuntamiento de Baiona ordenó la suspensión de la actividad e incoó expediente sancionador en 2015 por los ruidos, y también por la realización de ciertas obras sin licencia. Pero los apercibimientos no dieron resultado y, de hecho, el propio consistorio fue instado por los tribunales a ejecutar esa suspensión de actividad. Aunque se precintó la discoteca, posteriormente reabrió tras subsanarse las deficiencias detectadas.
PERJUDICADOS
Un matrimonio que vivía cerca del establecimiento inició una batalla legal por los ruidos que tenía que soportar y que les llevaron incluso a trasladar a sus hijas menores a casa de otros familiares cada vez que abría por la noche el ‘Villa Rosa’.
A lo largo de cuatro años (se acabaron cambiando de domicilio en 2018) tuvieron que soportar niveles de contaminación acústica que les impedían descansar y que originaron un trastorno adaptativo asociado a «una situación vital estresante», según la Fiscalía. Así, padecieron insomnio, ansiedad, trastornos somáticos, etc., y les quedó como secuela un trastorno neurótico.
DELITOS Y PENAS
Por estos hechos, el ministerio público acusa a los procesados de un delito contra el medio ambiente y un delito de lesiones, y pide para cada uno de ellos 4 años de prisión y el pago de una multa de 84.000 euros.
Además, pide que indemnicen a cada uno de los perjudicados en 39.000 euros, y les paguen los gastos médicos en los que incurrieron en esos cuatro años. También solicita 4 años de inhabilitación para ejercer profesión en el ámbito de la hostelería.
Por otra parte, para la sociedad creada por padre e hijo, y dueña del local, la Fiscalía pide el abono de una multa de 360.000 euros y el cierre definitivo.
