La mitad de los establecimientos que celebran bodas en Galicia no están registrados por la Xunta, según un estudio de la Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega), que califica esta situación de «competencial desleal» para los establecimientos que cumplen «escrupulosamente» los requisitos.
Así lo ha apuntado Roxelio López, vocal del grupo de Locales Organizadores de Bodas y Eventos de Ascega, en una rueda de prensa para presentar un informe elaborado por esta asociación sobre esta cuestión.
En el mismo se denuncia que más de la mitad no están inscritos en el Registro de Empresas de Actividades Turísticas de la Xunta, un requisito, ha apuntado, imprescindible para albergar este tipo de eventos.
El informe confronta los establecimientos que aparecen en las dos páginas web más consultadas por las parejas que se casan en Galicia y el listado publicado en febrero por la Dirección Xeral de Turismo.
Del total de 337 lugares publicitados en los dos portales, el 53% no está censado en el registro autonómico, de acuerdo con los datos aportados por Ascega, desde la que aseguran que para entrar a formar parte del mismo los propietarios de este tipo de restaurantes deben tener licencia de obra y solo con ambos trámites pueden contar con un seguro que cubra a las parejas y a sus invitados.
Por provincias, A Coruña es la que más cumple, con el 45% de los establecimientos no registrados y Pontevedra la que menos, con el 70% de empresas no censadas en Turismo. En el caso de empresas de catering, el informe apunta que, del total de 73 anunciados en los dos portales de internet, el 86% no están inscritos en el registro de la Xunta.
MÁS INSPECCIÓN
«Si estás anunciándote en un portal de bodas, tienes la responsabilidad de que este local esté correcto», ha expuesto el representante de Ascega, para quien los datos que recoge el informe son «escandalosos».
Además, ha reprochado a las administraciones que no estén haciendo «nada». «Hacen las leyes, pero no las vigilan», denunció. Ante esta situación, ha manifestado que por parte de Ascega «seguirán haciendo acciones legales para que los que están ilegal cesen la actuación».
No obstante, ha recalcado que su informe tiene que ver más con que la administración «tome conciencia y cumpla la legislación». «Todas las administraciones públicas llevan años sin ejercer su función de vigilancia e inspección de este sector», ha incidido.