El Ministerio de Igualdad y las CCAA han acordado este martes, en el marco del Grupo de Trabajo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG), la creación de comités de crisis frente a los repuntes de feminicidios que se han registrado en las últimas semanas, así como en otros periodos del año pasado.
Tal y como ha explicado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, estos gabinetes deberán servir «para analizar exactamente cuáles son las causas que han posibilitado que exista este repunte».
«Tenemos que ser capaces de sentarnos todos los actores institucionales para analizar, no solamente qué ha salido mal, sino qué debe salir mejor a partir de ahora, analizando los casos e incidiendo en aquellos elementos que fallaron en la detección precoz o incluso en los mecanismos que se deberían haber activado y no se activaron», ha declarado ante los medios.
Preguntada por el procedimiento de este grupo, la ‘número dos’ de Irene Montero ha explicado que ahora trabajarán en su composición y se valorará si es necesario valorar cada caso concreto o si se pueden analizar ante «una cierta coyuntura» que pueda ser la causante de los repuntes.
ACUERDO SOBRE TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL
Por otra parte, se ha llegado a un acuerdo para reforzar la respuesta de las instituciones ante formas de violencia contra las mujeres como la trata o la explotación sexual.
Tal y como ha informado Igualdad, la creación de este eje de trabajo sigue la línea de la anterior Conferencia Sectorial, dónde se aprobó un sistema de acreditación socio-asistencial para estas víctimas. Según ha destacado, supone consolidar el compromiso del Ministerio de Igualdad y las CCAA y Ciudades Autónomas, frente a la trata y la explotación sexual.
En este sentido, Rodríguez ha señalado que el Estado tiene que estar al lado de las mujeres que están en situaciones de prostitución y ofrecer salidas para que puedan vivir sus vidas plenas» puesto que, a su juicio, la prostitución no se puede abolir sin medidas de protección a las prostitutas.
Para la secretaria de Estado, las mujeres que se ven forzadas a ejercer la prostitución deben saber que tienen a su lado las instituciones y, al respecto, ha señalado la necesidad de dar a estas mujeres una garantía habitacional, autonomía económica o atención psicológica especializada, entre otras.
Además, ha señalado que la mayoría de mujeres en situación de prostitución están en situación irregular, por lo que también considera imprescindible en este caso una modificación de la ley de Extranjería.
FIJACIÓN DEL PACTO
Del mismo modo, el Ministerio ha informado de que el acuerdo alcanzado en la reunión también incluye medidas para la permanencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el diseño de mecanismos para la estabilidad presupuestaria y administrativa de los actuales y futuros servicios vinculados a él.
También se ha acordado mejorar la respuesta a nuevas manifestaciones y ámbitos de la violencia machista como puede ser la violencia contra niños y niñas víctimas de la violencia de género, la violencia vicaria, la violencia digital o la violencia económica; así como elaborar un Catálogo de Buenas Prácticas de las políticas y proyectos elaborados por las CCAA y Ciudades Autónomas en el marco del Pacto y que estas sirvan como referencia para las futuras políticas públicas autonómicas.
