El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha anunciado que el Ejecutivo central transferirá un total 10.748.559 euros a la Xunta para «transformar» el servicio público de justicia de Galicia «y hacerlo más accesible y eficiente».

«Con eta importante inversión, de más de 10,7 milloens de euros, el Gobierno moderniza la Justicia gallega, la acerca a la ciudadanía y contribuye al esfuerzo común decohesión y sostenibilidad del sistema», ha destacado el represenante del Gobierno. Esta inversión económica del Gobierno forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Concretamente, Galicia recibirá 9,6 millones de euros en 2022 y 1,07 millones en 2023, en el marco de la distribución aprobada en el último Consejo de Ministros, a propuesta del departamento estatal. Esta inveresión servirá, así, para desarrollar el Plan Justicia 2030, dentro del proceso de digitalización de la administración.

«La Justicia tiene que sincronizarse con una realidad que es cambiante y, con ese objetivo, el plan Justicia 2023 nos permite avanzar hacia una tutela judicial efectiva y una justicia modernizada que la ciudadanía entienda», ha afirmado José Miñones.

Con esta asignación de fondos, el Gobierno da cumplimiento a los plazos pactados entre las autonomías y el Ministerio que dirige a Pilar Llop en la última conferencia sectorial, destaca el delegado. La distribución territorial será aprobada en una próxima conferencia sectorial extraordinaria.

PLAN JUSTICIA 2030

José Miñones recordó que el plan justicia 2030 se basa en tres ejes: facilitar acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, consolidar las garantías y derechos, promover la eficiencia operativa del servicio e impulsar la transformación digital, incrementando la cohesión y coordinación territorial.

«Solo se accede a una justicia plena si se comprende», ha manifestado el delegado, quien apuntó que el plan del Gobierno para modernizar la Justicia en España prevé, entre otras medidas, «modernizar el lenguaje jurídico y poner a las víctimas de los delitos en el centro del sistema».

El Gobierno también promueve la creación de un sistema alternativo de solución de conflictos paralelo y, por otra parte, «refuerza» las oficinas de atención a las víctimas de los delitos. Al tiempo, se impulsa un plan de guardias para médicos forenses y la revisión de los protocolos de intervención en casos de violencia sexual.