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BNG y CIG rechazan la ley de planes de pensiones de empleo al considerar que privatiza el sistema público

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El BNG y la CIG han rechazado el proyecto de ley de creación del fondo de pensiones de empleo porque consideran que privatiza el sistema público de pensiones.

Este viernes, el diputado de la formación nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, y el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, han expuesto en la sede del BNG en Santiago de Compostela las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego a este proyecto de ley.

Los nacionalistas han coincidido en denunciar que supondrá un «avance en la privatización del servicio público de pensiones» y han criticado que este proyecto de ley forma parte del proceso de reforma de las pensiones que lleva a cabo el Gobierno central y que «va en correlación con la aprobación de la no reforma laboral que mantiene los aspectos más lesivos de las reformas de PSOE y PP».

«Estos fondos de pensiones pretenden extender un sistema de pensiones mixto o semi privado para que el sistema público de pensiones pase a ser el complementario y el sistema privado sea el fundamental», ha subrayado Néstor Rego.

En esta misma línea, ha censurado que las pensiones públicas pasarían así a «ser un apoyo para las personas que tuviesen una menor prestación» y ha explicado que este nuevo fondo supone «diferir parte de los salarios de los trabajadores para un plan colectivo de gestión privada».

«INACEPTABLE» QUE LO GESTIONE LA BANCA

Además, Néstor Rego ha calificado de «inaceptable» que sea el sector bancario el que administre estos planes de pensiones. En este sentido, ha criticado que se realice «una gestión privatizada» y, por lo tanto, «más negocio para la banca», algo que ha insistido es «injustificable». Así, ha demandado que todos los recursos públicos vayan encaminados a «fortalecer el sistema público de pensiones y no a fondos semi privados».

Así, después de presentar en el Congreso una enmienda a la totalidad que ya ha sido rechazada, el BNG ha presentado enmiendas parciales, en diálogo con la CIG, con el objetivo de que se privatice «lo menos posible» y evitar «la dinámica de privatización». Entre ellas, Rego ha destacado que el fondo sea gestionado directamente por la Tesorería de la Seguridad Social y que no sea un banco, o que los depósitos puedan estar en una entidad pública y no en una entidad bancaria privada.

Por otra parte, también ha demandado que pueda existir un control público de la gestión de «estos fondos privados» y que esta labor la lleven a cabo «organismos tripartitos» en los que los sindicatos puedan participar».

Asimismo, ha reafirmado la posición del BNG de «reforzar el sistema público de pensiones» y ha insistido en la necesidad de recuperar la edad de jubilación a los 65 años y de que se renuncie, por parte del Gobierno, a la «dinámica de privatización de las pensiones».

«UNA AMENAZA AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES»

Por su parte, el secretario xeral de la CIG, Paula Carril, ha lamentado que este nuevo sistema constituye «una amenaza para el sistema público de pensiones».

En este caso concreto, ha alertado que supondrá «un enorme retroceso en las condiciones de vida», especialmente en Galicia, que tiene la segunda pensión media más baja del Estado. Así, ha acusado a los gobiernos del Estado de «desmantelar el estado de bienestar» y de sustituirlo por otro «muy injusto» en el que cree «se eliminan todos los elementos de redistribución».

Por eso, ha denunciado que la clase trabajadora, «con unos salarios empobrecidos», ya contribuye a la Seguridad Social y ha criticado que lo que pretende el Gobierno es que «cobren menos para contribuir a un fondo privado». «Vamos a cobrar menos de lo que cobramos porque vamos a tener menos salario y el sistema público de pensiones va a tener menos ingresos, ya que nacen fundamentalmente de las contribuciones de empresas y trabajadores», ha enfatizado Carril.

A preguntas de los periodistas, Paulo Carril ha señalado que por el momento la CIG no prepara movilizaciones en próximas fechas, pero sí ha subrayado que en estos momentos lo que pretenden es que «un hecho gravísimo como este no pase inadvertido». «Las prioridades ahora están en otros ámbitos, pero no queremos dejar pasar esto ahora y la calle tendrá sus momento», ha concluido.

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