La flota gallega se muestra «satisfecha» con que el Parlamento Europeo no haya pedido el veto total al arrastre, sino que se prohíba este tipo de artes en ciertas partes de las áreas protegidas y se tengan en cuenta informes científicos, aunque «de fondo sigue habiendo esa presión meidoambientalista».

«Hemos ganado la primera batalla, pero lo que tenemos que ganar es la guerra», afirma el presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, Javier Touza, en declaraciones a Europa Press este miércoles.

Pese al «susto inicial» ante la propuesta presentada por la socialista portuguesa Isabel Carvalhais «en la que se proponía un veto al arrastre de fondo en áreas marina protegidas», ha sido «gran motivo de alivio para las flotas que antes de imponer esas restricciones sería necesario contar con el mejor asesoramiento científico disponible».

«No nos quedamos excesivamente tranquilos», dice pese a todo, pues remarca que esta es una resolución «no vinculante», por lo que seguirán «ojo avizor» para contrarrestar esa «presión medioambientalista contra el arrastre de fondo». «Hemos ganado tiempo», valora.

Agradece «enormemente» a los eurodiputados populares que presentaron esa enmienda, así como el trabajo de Europêche y la Alianza Europea de Pesca de Fondo, pues están «en juego» los 7.000 arrastreros que hay en Europa, con más de 20.000 puestos de trabajo directos.

Lamenta que se continúa con la «denomización» de las artes de pesca, pese a que «no hay artes ‘per se’ buenas o malas». «Seguimos con la espada de Damocles», afirma Touza. «No podemos admitir que se nos considere como actividades industriales negativas para los fondos, equiparando con extracción de combustibles fósiles y minería», agrega.

«CRUZADA» CONTRA EL ARRASTRE

Por su parte, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo (OPP-7), Sergio López, lamenta la «cruzada» del «frente medioambientalista» iniciada hace unos años contra el arrastre y la captura de especies como el tiburón. Considera que «las artes son buenas o malas en función de cómo las uses».

Opina que «esto no deja de ser una historia política», dado que hay «una lucha por el espacio marítimo» con intereses «muy potentes de grandes multinacionales» que quieren hacerse con el subsuelo por cuestiones como el petróleo, «y uno de los enemigos a quitar de en medio son los pescadores».

El gerente de esta organización de Lugo, que cuenta con algunos arrastreros de litoral, valora que en la votación de la Eurocámara «afortunadamente no se cerró lo que sería un veto total al arrastre», «lo que sería una verdadera aberración». Llama a esperar a ver cómoo este tipo de posicionamientos acaba teniendo reflejo en los reglamentos comunitarios.

OFICINA DE FAO EN VIGO

Paralelamente, Javier Touza ha expresado que en el puerto de Vigo están «enormemente contentos» por el apoyo recabado en la Eurocámara a establecer una oficina permanente de la FAO.

Apunta que habrá una red global de entre 15 y 20 puertos ‘azules’ que van a seguir «las buenas prácticas» del puerto de Vigo como referente de la economía azul. «Tiene un valor estratégico para nuestra ciudad», señala.

APROBACIÓN DE ENMIENDA

El pleno del Parlamento Europeo pidió el pasado martes que se prohíba la pesca de arrastre en ciertas partes de las áreas protegidas para impedir la pérdida de biodiversidad y contribuir a la conservación de los ecosistemas marinos con la atención a informes científicos.

Así, el portavoz del Partido Popular Europeo en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Gabriel Mato, y el eurodiputado popular gallego Francisco Millán Mon han mostrado su satisfacción por el apoyo dado por la mayoría de la Eurocámara a una enmienda para «evitar la pretensión de acabar con la pesca de arrastre de fondo».

La enmienda, cofirmada por Mato y Millán Mon, modifica la resolución no legislativa sobre economía azul, cuya ponente es la eurodiputada socialista portuguesa Isabel Carvalhais. En el texto del informe, Carvalhais «pretendía la prohibición total de la pesca de arrastre en todas las áreas marítimas protegidas», recuerdan los populares.

En un comunicado, los populares señalan que el voto en contra de la prohibición de la pesca de arrastre del Grupo Popular Europeo ha hecho que se logre que en el texto final del informe se limite a pedir que la Unión prohíba «el uso de técnicas perjudiciales en sus zonas marinas estrictamente protegidas siguiendo el mejor asesoramiento científico disponible».

En una resolución aprobada con 494 votos a favor, 66 en contra y 66 abstenciones, los europarlamentarios han abogado por el uso de métodos de pesca menos dañinos para los ecosistemas marinos y por prohibir todas las actividades industriales extractivas perjudiciales para el medio ambiente, como la minería y la extracción de combustibles fósiles en áreas marinas protegidas.

Los populares indican que el plan de acción de la Comisión Europea para conservar los recursos pesqueros y proteger los ecosistemas marinos debe ir acompañado del análisis de una posible limitación en el uso de las artes de pesca perjudiciales para la biodiversidad, pero siempre «sobre la base de informes científicos».

INFORME DE LA XUNTA

Según un informe realizado por la Xunta y remitido a la UE, las restricciones a la pesca de fondo amenazarían a más del 20% de los buques gallegos de artes menores, así como a un tercio del empleo directo de la flota.

Así, habría casi 900 unidades de artes menores potencialmente afectadas de un total de 3.800 embarcaciones artesanales. Además, teniendo en cuenta que cada barco tiene una media de 2,4 tripulantes, las posibles limitaciones de la actividad perjudicarían a más de 2.100 profesionales.

Con base en las estimaciones de la Xunta, las restricciones tendrían un potencial impacto en la economía gallega de casi 280 millones de euros, eso contando únicamente la actividad vinculada con las artes menores. De todo este montante, sobre 120 millones se corresponden con las ventas de sus productos en lonja, que superan las 21.500 toneladas.

Precisamente, el pasado martes la conselleira do Mar, Rosa Quintana, pidió a la Unión Europea que «no se criminalice» ningún arte de pesca.