El Tribunal Constitucional ha puesto fin al conflicto abierto entre la Xunta y el Gobierno central por la reforma de ley de salud gallega que motivó la presentación de un recurso de inconstitucional por parte del Ejecutivo.

El conflicto competencial quedó resuelto con la inclusión en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta para 2022 del acuerdo alcanzado en el marco de la comisión bilateral, donde gobierno central y autonómico mantienen todavía varias disputas.

El choque entre Xunta y Estado por la reforma de la ley de salud fue uno de los conflictos que más relevancia ganó al producirse en el contexto de la pandemia y las críticas del Gobierno gallego por la falta de una legislación a nivel estatal para afrontar crisis sanitarias de este tipo.

Ahora, el Tribunal Constitucional, en una ponencia firmada por el magistrado Enrique Arnaldo, pone fin de forma definitiva al proceso al desistir el Gobierno en su demanda una vez plasmado en la ley el acuerdo suscrito.

En concreto, la ley de salud gallega aclara ahora el carácter voluntario de la vacunación y que se aplicará de acuerdo con lo establecido por la Administración General del Estado en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo también con la estrategia nacional de vacunación vigente.