El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del caso Popular ha levantado parte del secreto de la pieza separada en la que se indaga en la financiación a clientes por parte del banco para la ampliación de capital del 2016 después de haber recibido la declaración de hasta 1.417 testigos.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha dejado sin efecto el secreto que afecta a las mencionadas testificales. Fue el pasado 7 de marzo cuando el instructor creo esta pieza de forma secreta para, según explicó, evitar «interferencias que afectaran negativamente al buen fin» de las pesquisas.
Sin entrar en muchos detalles, Calama aseguró entonces que la creación de la pieza se producía por «el devenir de la presente instrucción», en la que se abrió «una línea de investigación relacionada con la posible financiación ofertada por el Banco Popular a ciertos clientes a fin de que participaran en la ampliación de capital ofertada por la entidad en el año 2016». «Con carácter interino, podemos afirmar que las cantidades financiadas no se restaban del capital del Banco Popular», sostenía.
Se trata de una de las dos principales ramas de este caso, en el que el magistrado investiga por un lado las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y por otro las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
LAS PESQUISAS DE LA PIEZA SECRETA
Así las cosas, esas pesquisas que permanecían en secreto hasta la fecha han consistido, según un oficio del pasado 21 de abril elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en la toma de declaración de hasta 1.417 testigos en relación con la citada ampliación.
El comisario jefe de la brigada de Delincuencia Económica y Fiscal ha remitido en formato digital magistrado las testificales marcadas por los peritos y que se han recabado en todas las provincias, incluyendo a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Todo ello en base a la solicitud de auxilio que el Juzgado remitió a la Comisaría General de Policía Judicial en un auto del pasado 23 de marzo. Ese requerimiento llegó cuando esta pieza separada todavía se encontraba en secreto.
Sin embargo, y según consta en ese oficio, el magistrado todavía debe recibir 65 declaraciones adicionales de testigos correspondientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid que, por motivos operativos, no pudieron ser facilitadas.
A RAÍZ DEL INFORME DE LOS PERITOS DE LA AN
La decisión de formar esa pieza separada llegó después de que los peritos de la Audiencia Nacional entregasen al instructor el pasado 9 de febrero un informe en el que validaban el trabajo que el departamento de Auditoría Interna del extinto Banco Popular realizó acerca de la ampliación de capital de ese año.
En el mismo, apuntaba el magistrado, se concluía que hubo clientes que «suscribieron acciones por 702 millones de euros y que, entre el 25 de mayo y 30 de junio de 2016, incrementaron su financiación dispuesta».
«Tras el trabajo realizado, llegamos a totalizar que 14.229 clientes recibieron financiación en el periodo por 2.366 millones de euros y suscribieron acciones por 702 millones. No obstante, esta cifra de 702 millones no se puede tomar como el importe que Banco Popular hubiera debido deducir de su declaración de recursos propios computables y que no realizó hasta el análisis que dio lugar al hecho relevante de 3 de abril 2017», señalaba el informe.
A este respecto, los peritos explicaban que esos 702 millones son «la simple agregación del importe de acciones suscritas por clientes que incrementaron su financiación, sin tener en cuenta si esta era de importe igual o superior a la compra, con independencia de la fecha de formalización y sin haber analizado si la misma se destinó a otras finalidades».
