La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha instado al Gobierno a tomar medidas urgentes para «evitar el colapso» de las empresas que contraten con las administraciones públicas, una situación que «pondría en jaque» la ejecución de los Fondos Europeos y la recuperación económica y el empleo.

Así lo señala en un comunicado remitido a los medios, en el que apunta que, desde mediados de 2021 –por la pandemia y las consecuencias de la guerra de Ucrania– las compañías gallegas soportan una coyuntura de escasez de materias primas y materiales y de escalada de precios extraordinaria.

Esta situación, indica, les ha condicionado la ejecución y el coste de las obras y servicios contratados con las administraciones, «generándoles por ello una elevada inseguridad a la hora de presentar ofertas y suscribir los respectivos contratos».

Todo ello en un contexto en el que la contratación pública supone un porcentaje muy importante del PIB gallego y está llamada a ser una de las claves de la recuperación. Así, la CEG considera que, durante los próximos años será muy importante el número de contratos a ejecutar, teniendo en cuenta los recursos e inversiones previstas cofinanciadas en gran parte por los Fondos de la Unión Europea.

«De ahí que la propia Comisión Europea, consciente de ello, haya recomendado que no se penalice a las empresas por el incumplimiento de los plazos y que los Estados miembros encuentren soluciones ante esta escalada de precios y escasez de demanda», sostiene.

CONTRATOS PÚBLICOS

Para la patronal gallega, la «falta de estabilidad y las subidas observadas en los precios» requería medidas urgentes que contribuyesen a equilibrar los contratos y que permitiesen su cumplimiento.

En este sentido, recuerda que el pasado mes de marzo, se publicó el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, modificado por el RealDecreto-ley 6/2022, que incorpora medidas excepcionales en materia derevisión de precios en los contratos públicos de obras del Sector Público Estatal.

Con todo, sostiene que las medidas recogidas en esas normas «adolecen de un carácter ciertamente limitado que, de no ampliarse, no darán una salida real y suficiente a la situación».

Ante ello, la CEG propone medidas como incorporar el coste de la energía y ampliar los materiales recogidos en el Real Decreto que ahora se limitan a los siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre.

También pide que se aclare si la norma se aplica a obras de duración inferior a un año, puesto que considera que, en caso de no ser así, se dejarían fuera la mayoría de los contratos del tejido productivo gallego. Además, aboga por ampliar la revisión para otro tipo de contratos públicos, como los de servicios.

Así las cosas, la Confederación de Empresarios de Galicia apremia alEjecutivo a que adopte las medidas oportunas para el establecimiento deun sistema que permita considerar las variaciones que puedan poner enriesgo la ejecución de cualquier contrato público; que tenga encuenta el precio de todos los factores que influyen en la configuración de los costes; y que no deje fuera insumos tan importantes como la energía o los combustibles.