La mayoría absoluta del PPdeG en la Cámara gallega ha salvado las trabas que la oposición ha puesto a la tramitación de la Ley del ciclo del agua, que ha sido presentada por la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en un duro debate en el que no han faltado los «navajazos» verbales con referencias al Congreso de la sucesión del PPdeG.

Así, aprovechando que por parte de los populares fue el diputado y presidente provincial de A Coruña, Diego Calvo, la voz de defensa de la normativa, el diputado del Bloque Luís Bará ironizó con que «constaba un aumento de demanda» en Taramundi, sin poder aclarar, añadió, si venían esas peticiones de A Coruña u Ourense.

También hizo referencia a un eventual cambio en los sillones «azules» –los del gobierno– en la Cámara, bancada en la que este martes no han estado el todavía presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ni el vicepresidente primero y futuro sucesor, Alfonso Rueda, ambos con agenda pública en Santiago (en el primero de los casos) y en Sarria (con el Rey, en el segundo).

«El partido de la navajada», había dicho, previamente, Diego Calvo, en referencia al BNG, al que también acusó de ser el «partido del no» y que se «opone a todo» de partida.

Mientras, la diputada del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo acusó a la titular del departamento autonómico, que renunció a intervenir en un segundo turno, de acudir al hemiciclo siempre «con el hacha en la mano» en lugar de con «mano tendida» y le instó a «cambiar el tono» en el futuro.

Al margen de este intercambio, los grupos de la oposición critican una falta de «colaboración» con los ayuntamientos o lo que supondrá, denuncian, una subida de las tasas vinculadas a la depuración. «Están a tiempo de rectificar; cuando rectifican, aciertan», ha instado Luís Bará.

DEFENSA DE LA LEY

En cuanto al contenido de la ley, la conselleira de Infraestruturas ha reivindicado que la norma «fomenta la gestión profesional del agua», porque, añadió, no basta con tener infraestructuras, sino que hay que emplearlas de forma adecuada. Así, se ofrecerá a los técnicos municipales un programa de formación periódica en materia y directrices que servirán de guía para la gestión eficiente.

Ethel Vázquez también defendió que la ley posibilita, además de las 28 depuradoras gestionadas por la Xunta, que todos los ayuntamientos que quieran puedan solicitar de modo voluntario la gestión y ayuda autonómica.

La ley contribuirá, dijo, a «evitar la mitad» de las fugas en las redes, algo sobre lo que el diputado Luís Bará advirtió de que en el Ayuntamiento de Pontevedra es el «modelo» a seguir, con una reducción al 3,6 por ciento, objetivos que, reprochó, la consellería se plantea para 2030.

Ethel Vázquez también ha defendido la «transparencia», que recogió parte de las alegaciones que se presentaron, una actuación que también defendió Diego Calvo en su intervención, en la que colisionó con la diputada socialista por las inversiones en infraestructuras entre ayuntamientos socialistas y populares. La diputada del PSdeG también sacó la sentencia que condena a la Xunta a pagar 4 millones de euros por los retrasos en la depuración en Vigo y Ribeira y de lo que intentó «culpar» a los ayuntamientos.

La conselleira de Infraestruturas ha afirmado que si la Xunta asume la gestión de un servicio municipal del agua, aplicará tarifas «claras e igualitarias» a los ayuntamientos, que serán «los que emitan el recibo y decidan los conceptos que se incluyan», pero el diputado del BNG ha asegurado que no se trata de una simple «reordenación» de conceptos y que «no pudo escoger peor momento para dar la puñalada por la espalda» a los ciudadanos.