Unidas Podemos reclama al Ejecutivo que todas la páginas web de los diferentes niveles gubernamentales ofrezcan su contenido completo de forma íntegra en las distintas lenguas cooficiales, además de en castellano.
Y es que, para el grupo confederal, la administración estatal «está lejos» de garantizar el acceso a sus webs en las otras lenguas cooficiales y, de hecho, reprocha que ni tan siquiera en las páginas de los ministerios, que albergan multitud de trámites administrativos, las solicitudes están plenamente traducidas en todos los formatos. Como ejemplo, pone las peticiones de becas educativas.
Así lo plantea mediante una proposición no de ley, impulsada por el diputado y dirigente de En Comú Podem Joan Mena, para su debate en la comisión de Política Territorial del Congreso.
La iniciativa insta también, de forma genérica al Ejecutivo a garantizar el derecho a la ciudadanía a relacionarse con la administración general en la lengua que consideren oportuna, «atendiendo al principio de las condiciones básicas de igualdad».
«Menos del 2% de las webs de la Administración del Estado que afectan a la ciudadanía en todo su conjunto, como por ejemploaquellas que permiten efectuar trámites administrativos solamente por vía telemática, están plenamente traducidas en otras lenguas oficiales del Estado distintas al castellano», asevera el parlamentario.
En la exposición de motivos de la proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, Mena recalca que la Constitución, en su artículo 103, estipula que la administración pública debe actuar desde los principios de «eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación».
Unos postulados que se desarrollan en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y que proclama, en su articulado, que se debe garantizar el «adecuado equilibrio» entre la eficacia de la actuación y la «imprescindible salvaguarda» de los derechos de los ciudadanos y empresas, que deben ejercerse en condiciones «básicas de igualdad» en cualquier parte del territorio, con independencia de la Administración con la que se relacionen sus titulares.
Por tanto, esa máxima conlleva, «irremediable y lógicamente», a la ausencia total de factores que causen «discriminación» como, por ejemplo, por «razón de lengua».
LA DIGITALIZACIÓN Y LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS
De esta forma, el grupo confederal señala que en el caso de Cataluña, además, esta idea «queda reforzada» en su estatuto de autonomía de 2006, que recoge los derechos lingüísticos por parte de las instituciones estatales empiezan por recoger esa opción de comunicación en la lengua que prefieran.
Pero enfatiza que, aunque dicho estatuto proteja esos derechos lingüísticos, estos «decaen en el momento en que se traspasa la frontera competencial y territorial», si bien entra el factor de la digitalización que «desdibuja» esa delimitación.
Y es que Mena diserta que en la actualidad muchos trámites se efectúan de forma telemática, con la «consecuente obligatoriedad de la lengua castellana como única opción lingüística, lo que lleva, por tanto, a una discriminación lingüística».
«Si bien es cierto que ‘el castellano es la lengua española oficial del Estado’ y ‘todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla’, como así sucede en todos los territorios del Estado, las «condiciones básicas de igualdad» de la Ley de Procedimiento Administrativo abre la puerta a la igualdad lingüística y, por tanto, a poder hacer trámites administrativos en relación con el Estado en las otras lenguas oficiales distintas al castellano», concluye la iniciativa.
