La Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración general del Estado y la Comunidad ha acordado el inicio de negociaciones para resolver discrepancias del Gobierno central en relación al artículo 39 –que incluye la moratoria eólica– y la disposición adicional segunda –sobre la compensación por el alza de precios en las obras públicas– de ley le medidas fiscales y administrativas que acompañó a los presupuestos gallegos de 2022.

Según publica el Diario Oficial de Galicia (DOG), también se acuerda designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda; y comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional, además de su publicación en los boletines oficiales autonómico y del Estado.

Tanto la Consellería de Economía como el departamento autonómico de Infraestruturas e Mobilidade han defendido, consultados por Europa Press, los cambios impulsados en su día y que «respetan» el reparto competencial entre administraciones.

En concreto, en relación al apartado dos del artículo 39, que establece una nueva disposición adicional sobre la distancia para la construcción de nuevos parques eólicos, Economía ha precisado a Europa Press que lo que se traslada desde lo Estado es que «deben preverse excepciones para autoconsumo».

Una consideración –esgrime– «que ya viene recogida en la propia Ley eólica 8/2009 al especificar que queda excluido del ámbito de aplicación de la ley, entre otras, las instalaciones eólicas de generación eólica para autoconsumo». Por ello, la Xunta sostiene que la nueva regulación no afecta a esta excepción, ya recogida en la legislación vigente.

MORATORIA

En cuanto al apartado tres, añade una nueva disposición sobre la moratoria de presentación de nuevas solicitudes de proyectos eólicos. La Xunta considera que la Comunidad puede establecer una moratoria dentro del ámbito de sus competencias, al igual que el Estado estableció, en el ámbito de sus propias, moratorias como la de presentación de solicitudes de eólica marina o de los permisos de accesos y conexión.

Por último, el apartado cinco añade una disposición sobre el otorgamiento de un plazo de 12 meses para que aquellos proyectos que iniciaron su tramitación sin permisos de acceso y conexión puedan obtenerlos. La Xunta entiende que cumple con la legalidad, ya que se trata de proyectos en tramitación que no obtuvieron autorización administrativa –para la que sí se exigirá tener este permiso–.

Por lo tanto, la Administración autonómica defiende que los cambios introducidos en la ley de medidas se realizaron «atendiendo de manera rigurosa tanto a la legislación vigente como a sus competencias».

El Ejecutivo gallego ha defendido que aboga por un desarrollo eólico «ordenado y que cumpla con todos los requisitos de tipo ambiental, técnico y legal»; y ha manifestado su deseo de que el Gobierno central «también se sume a este objetivo» en Galicia, y apueste por la colaboración.

«REEQUILIBRIO» DE LAS OBRAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS

Sobre la disposición adicional relativa a las compensaciones por el alza de precios de materiales de construcción en obras públicas, la Consellería de Infraestruturas lamenta que, «sin diálogo con la Comunidad», el Gobierno de España haya abierto este procedimiento de discrepancia jurídica sobre una medida autonómica de reequilibrio como paso previo a la presentación de un recurso ante el TC.

La disposición adicional autonómica se articuló –sostiene la Xunta– «con pleno respeto al reparto competencial y sin injerencia alguna en la competencia básica estatal en materia de contratos», como demuestra el propio contenido disposición adicional.

Este antecedente, ha añadido Infraestruturas, hace «augurar emplazamientos similares» a las demás normas autonómicas aprobadas en este campo, lo que implica «inseguridad jurídica e incertidumbres en el sector de la construcción, poniendo en riesgo a ejecución de la obra pública y los empleos asociados».

La Xunta sostiene que, en todo caso, «no va a perder el tiempo en peleas infructuosas» y que, tal y como ya avanzó la conselleira, Ethel Vázquez, en el marco del encuentro organizado por la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña ( APPECO), optará por una vía que pueda ser útil para blindar las obras públicas y el empleo en el sector de la construcción.

En este sentido, la Xunta ha previsto aprobar en las próximas semanas medidas para aplicar la revisión de precios en todas las obras públicas en la Comunidad, «con plenas garantías jurídicas, manteniendo para las obras autonómicas los aspectos de la disposición adicional ajenos al conflicto con el Estado».

UNA ACTUACIÓN «DIALOGADA»

Con todo, el Gobierno gallego recuerda que «las soluciones pasan por una actuación dialogada y consensuada» entre el sector de la construcción, las comunidades autónomas y el Gobierno de España, que es «el que tiene las competencias en materia de contratos públicos y debe autorizar la revisión de precios».

El Gobierno gallego ha concluido que no pretende, ni con la disposición adicional aprobada ni con sus demandas de que se amplíe el alcance de las medidas estatales, que ve «insuficientes», «que el Gobierno pague la factura de la subida de los precios de las obras».

«Se está pidiendo, simplemente, que se permita que cada administración destine sus propios recursos a garantizar la viabilidad de sus propias obras con el objetivo principal de que no se paralicen las actuaciones ni se despida a trabajadores por la escalada de precios», ha zanjado.