El presidente ejecutivo de Sogama, Javier Domínguez, el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, han visitado este miércoles el polígono industrial de Cuíña para comprobar sobre el terreno el avance de las obras de la nueva planta de biorresiduos proyectada en el municipio, una infraestructura que se prevé que entre en funcionamiento a finales de este año para dar servicio a 15 ayuntamientos.
Las instalaciones, cuya construcción fue adjudicada por cerca de 6,4 millones de euros a la UTE Espina Obras Hidráulicas, S.L- Geoxa, General de Construcciones, S.L, ocupará una parcela de casi 8.000 metros cuadrados y dará servicio a 14 ayuntamientos de A Marina lucense: Alfoz, Barreiros, Burela, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Muras, Ourol, Ribadeo, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro, Xove y Cervo, además del coruñés de Mañón, aglutinando una población de más de 69.300 habitantes.
Esta instalación formará parte de la red de infraestructuras diseñada por la Xunta a fin de que la mayor parte de los ayuntamientos adheridos a Sogama tengan acceso a la valorización de la materia orgánica y dispongan de una planta de biorresiduos o de transferencia a menos de 50 kilómetros de distancia.
La planta de Cervo acogerá todo el proceso de compostaje –pretratamiento, fermentación, maduración y almacenamiento–, dispondrá de capacidad para tratar 3.000 toneladas de materia orgánica anuales, a las que habría que sumar 1.600 toneladas de material estructurante, «es decir, podas y restos de madera». «Producirá alrededor de 1.500 toneladas de compost que se destinará al sector de la agricultura y de la ganadería como fertilizante natural.
Asimismo, estará alimentada por energías renovables y equipada también con novedosos e innovadores sistemas de depuración de aguas y de aire, así como de control del nivel de ruido, garantizando con esto una operativa respetuosa con el entorno.
17 INSTALACIONES EN RED
Aunque la gestión de los residuos es una competencia municipal, la Xunta seguirá apoyando a los ayuntamientos para que cumplan con los deberes legales establecidos en la materia.
A tal fin ha diseñado una red de infraestructuras conformada por 17 instalaciones: 4 plantas de biorresiduos, una en cada provincia, apoyadas por 13 plantas de transferencia que contarán con una tolva específica para el trasvase de la fracción orgánica.
La previsión es que las plantas integradas en esta red, en las que se invertirán alrededor de 40 millones euros, de los cuales 30 millones proceden de los Fondos Feder como parte de la respuesta de la Unión Europea a la crisis de la covid, entren en funcionamiento a finales de 2022.
