La Xunta de Galicia y otros 12 gobiernos autonómicos han firmado el ‘Manifiesto por la seguridad jurídica del planeamiento territorial y urbanístico’, acordado en el ‘Encuentro autonómico Xacobeo 21-22 por un urbanismo responsable’, celebrado en Santiago de Compostela a finales de marzo.

Según ha trasladado la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en un comunicado, en este documento se señala la necesidad de adoptar medidas legislativas para solucionar la problemática a la que se enfrentan los ayuntamientos en el momento en el que se anulan sus instrumentos de ordenación.

El manifiesto ya ha sido firmado, además de por Galicia, por Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla y León, Madrid, Murcia, Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla.

Estas comunidades han defendido impulsar la Ley por la seguridad jurídica del planeamiento urbanístico y territorial para «paliar una situación» que, aseguran, en los últimos años se ha incrementado «de manera exponencial», como son los casos de «nulidad del planeamiento territorial o urbanístico debido a vicios formales, sin contenido sustantivo sobre los objetivos o elementos estructurales», que podrían resolverse con procedimientos sencillos.

Las autonomías que han apoyado este manifiesto señalan que las instituciones jurídicas sostienen que la nulidad de un planeamiento «no admite subsanación, convalidación o conservación de trámites», lo que, critican, obliga a las administraciones locales a comenzar de nuevo la tramitación desde el principio.

Además, han censurado que esta situación se une al hecho de que entre la entrada en vigor de un planeamiento y la emisión de la sentencia que lo anula pasan largos periodos de tiempo.

AMENAZA PARA INVERSIONES Y PROYECTOS DE FUTURO

Asimismo, han añadido que otra consecuencia de esta situación es que «se agravan los efectos de la nulidad y se incrementa la inseguridad», por lo que resultan amenazadas las inversiones y proyectos de futuro que quedan paralizados.

Por eso, las comunidades proponen impulsar una reforma de la legislación estatal para evitar la nulidad radical de los planes generales y otros instrumentos de planeamiento, cuando incurran vicios de procedimiento fácilmente subsanables.

En esta misma línea, con este manifiesto las comunidades pretenden trasladar al Ejecutivo central su disposición para dar un paso adelante y contribuir en todo lo posible para adoptar medidas que consigan alcanzar «un urbanismo responsable y perdurable en el tiempo».