El Bloque Nacionalista Galego ha insistido en reclamar al Gobierno Central que derogue la denominada como Ley Mordaza y que se respeten los derechos lingüísticos de los ciudadanos, después de que se le haya impuesto una sanción a un vecino de Rianxo que había solicitado ser atendido en gallego en su centro de salud y que, tras insistir en la recepción del centro para poner una reclamación por denegársele este derecho, fue propuesto para sanción por agentes de la Policía Local.

Según ha comunicado el BNG en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado 19 de abril de 2021, cuando un ciudadano de Rianxo acudió a su centro de salud para realizar una prueba PCR y solicitó ser atendido en gallego, pero «se le denegó está posibilidad a pesar de estar en su derecho». Mientras reclamaba en la recepción del centro, la Policía Local se presentó en el lugar y consideraron que el hombre incurría en «una alteración del orden público que merecía el inicio de un proceso sancionador».

Los agentes señalaron que la reclamación de esta persona supuso «un atraso en la atención administrativa y sanitaria», por lo que consideraron que «debía ser sancionada». Finalmente, la sanción — de 601 euros — fue confirmada por la Delegación del Gobierno, que «considera acreditada la responsabilidad del denunciado».

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado iniciativas para que el Gobierno explique si considera justificada la resolución por la que se impone esta sanción, basándose «únicamente» en la declaración de los agentes de la autoridad, «incluso existiendo pruebas y testigos contradictorias con su versión».

DEROGAR LA LEY MORDAZA

El BNG ha criticado que este hecho es producto de la vigencia de la conocida como Ley Mordaza, que los partidos del Ejecutivo se habían comprometido a derogar, pero que aún sigue vigente. Ante este caso, los nacionalistas demandan «una vez más» su derogación para «acabar con estos abusos».

Néstor Rego ha lamentado que «la defensa activa de los derechos lingüísticos de los gallegos pueda suponer una multa de varios cientos de euros», además con una sanción que tiene como base «exclusivamente» la presunción de veracidad otorgada a la declaración de los agentes de Policía.