Agentes de la Policía Local de Vigo han propuesto para sanción, conforme a o establecido en la Ley del Deporte, a más de 100 personas por los altercados producidos entre hinchas del RC Celta B y el RC Deportivo de La Coruña.

En un comunicado, la Policía ha indicado que estas personas se enfrentan a duras sanciones económicas, que pueden oscilar entre 150 euros y los 650.000 euros en el caso de infracciones «muy graves».

Además, explican que se han incautado varios objetos contundentes, como palos de madera, barras de metal, defensas extensibles, una llave de pugilato o un extintor, entre otros.

Los hechos se remontan al pasado 27 de marzo, en la celebración del partido de fútbol entre el Celta B y el Deportivo, en Balaídos. Tras la finalización del encuentro, un grupo de aficionados celestes abandonaron sus asientos y saltaron al terreno de juego para dirigirse a la parte del estadio donde se encontraban los hinchas del equipo contrario, con el fin de provocarles e increparles, respondiendo estos lanzándoles objetos desde la grada, como botellas y parte de los asientos que habían sido previamente arrancados.

Pese a los esfuerzos de los vigilantes de seguridad por contener a las personas, no lo consiguieron, siendo alguno de ellos agredido, lo que provocó la intervención de la Policía Nacional en el terreno de juego.

Antes de la celebración del encuentro ya se habían recibido varias llamadas alertando de la presencia de un grupo de personas que portaban palos y otros objetos y que mostraban una actitud violenta dirigiéndose hacia el parque de A Bouza, donde se estaba produciendo una pelea entre aficionados.

También los funcionarios se dirigieron al lugar, observando a su llegada que algunos jóvenes huyeron a la carrera y el grupo de violentos, formado por unas 50 personas, fueron reducidos e identificados.

Todos estos hechos se han saldado con más de 100 propuestas para sanción con multas que pueden ascender hasta a los 650.000 euros y la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un periodo de 5 años en lo casos más graves. La investigación continúa abierta y no se descarta que estos hechos puedan ser constitutivos de infracciones penales, tales como daños, alteración del orden público o riñas tumultuarias.