Fiscalía considera que no está «acreditado» que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, cometiese un delito de malversación de fondos públicos con las retiradas de dinero de cuentas de su partido, Democracia Ourense.

Así lo refleja el Ministerio Público en el informe por el que pide el sobreseimiento de la querella presentada con el regidor ourensano tras una denuncia anónima que acusaba a Jácome de desviar 100.000 euros de las cuentas de su partido entre 2015 y 2018, años entre los que era edil de la oposición.

En concreto, estudiaba la retirada de dos cheques por parte del líder de Democracia Ourensana por una cuantía de 20.000 y 30.000 euros cada uno, así como los pagos del grupo municipal por la licencia del espacio de televisión de Auria TV, propiedad del actual regidor municipal, que ascendía a casi 100.000 euros.

La Fiscalía pide ahora el sobreseimiento provisional de la causa contra el regidor por «no constar debidamente acreditado la comisión del hecho punible», una vez comprobada la documentación remitida por distintas instituciones, organismos públicos y entidades bancarias.

El escrito del Ministerio, firmado a 10 de marzo, concluye que tras el análisis de la documentación bancaria «se acredita» que las retiradas que investigaban de las cuentas de Democracia Ourensana fueron ingresadas en otra cuenta del propio partido, algo que el propio Pérez Jácome explicó durante su citación en el pasado mes de diciembre, achacándolo a una forma de «evitar comisiones bancarias».

En cuanto a las facturas a favor de Auria TV, la televisión de la que es propietaria el regidor municipal, la Fiscalía también esgrime que no constan indicios incriminatorios al «constatar todo regularizado».

Así, traslada que «todas las facturas referenciadas en el escrito de querella figuran en la contabilidad de Democracia Ourensana y fueron aportadas en su momento al Tribunal de Cuentas sin que este haya objetado nada al respecto».

RAFAEL VILLARINO

Precisamente, preguntado por la decisión, el portavoz del PSOE local, Rafael Rodríguez Villarino, ha asegurado respetar la decisión adoptada por la fiscalía y ha reconocido que es «común» que el ministerio público «acabe apartándose» en asunos iniciados de oficio conforme al avance del proceso y la aportación de pruebas.

Con todo, ha considerado que «es una pena» que «no quedase ningún tipo de acusción particular alternativa» que pudiese seguir con el proceso que, según ha indicado, entiende que «aquí termina».