El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la Xunta han acordado solicitar al Ministerio de Justicia la creación de siete unidades judiciales, la dotación de dos nuevas plazas de magistrado para las audiencias provinciales de A Coruña y Ourense, así como una plaza de juez de adscripción territorial para la provincia de Ourense.
En concreto, fruto de la reunión de este miércoles de la comisión mixta compuesta por TSXG y Gobierno gallego, la Comunidad autónoma solicita tres nuevos juzgados de Primera Instancia para Lugo, A Coruña y Vigo, con prioridad sobre los demás del primero.
También reclama un juzgado de lo Social en Ferrol y tres juzgados mixtos para Ribeira, Vilargacía de Arousa y Viveiro, respectivamente. La propuesta acordada se completa con tres plazas: dos de magistrado para las audiencias de A Coruña y Pontevedra, y una de juez territorial para Ourense.
El plantamiento surgido de la reunión encabezada por el presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, y el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda; da prioridad al juzgado de Primera Instancia de Lugo, seguido de las dos plazas de magistrado.
A continuación están los juzgados de primera instancia en A Coruña y Vigo, el juez territorial para Ourense y, por último, los juzgados mixtos en Ribeira, Vilagarcía y Viveiro –en ese orden–.
En un comunicado, el alto tribunal gallego incide en que por el momento se desconoce el número de unidades que el Gobierno central prevé crear en Galicia este año y que la propuesta pactada en la comisión mixta se realiza con aquellas unidades que «tienen mayor carga de trabajo estructural, es decir, no motivada por una situación coyuntural que puede ser solucionada a través de refuerzos temporales».
En el caso de órganos colegiados, el TSXG resalta como criterio de elección el hecho de que algunas secciones «lleven reforzadas desde hace años o que solo cuenten con tres magistrados por sección, lo que dificulta su normal funcionamiento».
Por su parte, la Xunta ha expresado que «aceptará y financiará» las unidades judiciales que sean otorgadas a la Comunidad por el Consejo General del Poder Judicial con la voluntad de «ponerlas en marcha en el menor tiempo posible».
