La concesionaria del bus urbano de Vigo, Vitrasa, ha confirmado el inicio del procedimiento para activar el ‘descuelgue salarial’, lo que conlleva la inaplicación del convenio colectivo y medidas de contención de costes, entre las que destaca una rebaja de los salarios y aumento de jornadas para 2022 y 2023.

A través de un comunicado, la empresa (que pertenece al grupo Avanza), ha recordado el impacto que ha tenido la pandemia de Covid en el sector del transporte de viajeros y, en el caso de la concesionaria del bus de Vigo, el descenso en el número de usuarios la ha llevado a una situación «extrema» de desequilibrio económico, que obliga a adoptar medidas «temporales» de contención.

«En este sentido, resulta muy difícil para Vitrasa comunicar que se encuentra en la necesidad de iniciar un proceso de inaplicación del Convenio Colectivo», ha trasladado, y ha confirmado que ya ha puesto la decisión en conocimiento de los trabajadores.

El proceso, ha añadido la empresa, conlleva una reducción salarial, que no ha concretado, aunque los sindicatos han difundido que la propuesta pasa por rebajar los sueldos una media del 30%, una cifra que Vitrasa ha puntualizado que no es definitiva. Asimismo, prevé un aumento de jornada para los años 2022 y 2023, que tampoco ha concretado en su comunicado.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo han comenzado ya y la compañía ha insistido en que se ha visto obligada a este ‘descuelgue’ por las circunstancias, y para garantizar su «supervivencia» y la conservación del «pleno empleo». «En cualquier caso, las condiciones de los trabajadores de Vitrasa continúan siendo más favorables que las del resto de empresas gallegas del sector», ha insistido la concesionaria.

REDUCCIÓN DE VIAJEROS Y CONFLICTO LABORAL

Vitrasa ha recordado que, desde el inicio de la pandemia, el número de viajeros del bus urbano se redujo en un 42% en Vigo durante 2020, y en un 36% durante 2021, lo que se traduce en 16 millones de viajeros menos.

Además, ha apostillado la empresa, «la conflictividad vivida en 2021 tan solo ayudó a empeorar una situación ya muy compleja», en alusión a las movilizaciones y huelga convocadas por el comité para reclamar la negociación de un convenio que mejore sus condiciones (regulación de descansos, reducción de la ‘sobrecarga’ de trabajo, más personal, etc.)

La empresa ha defendido que, pese a los problemas, ha seguido prestando un elevado nivel de oferta de transporte, y ha mantenido las condiciones de su plantilla «intactas», toda vez que, desde junio de 2020, ya no hay ningún trabajador en ERTE.

No obstante, ante la imposibilidad de recuperar el numero de viajeros previos a la pandemia o de alcanzar el equilibrio económico suficiente, ha justificado la activación de ese ‘descuelgue salarial’.

CRÍTICAS DE LOS SINDICATOS

La CIG, que preside el comité de empresa de Vitrasa, ha criticado la decisión de la empresa, que supone una rebaja salarial de casi el 40% (el 30% propuesto, al que se suma el 6,5% del IPC no actualizado) en 2022 y de al menos un 14% en 2023, y ha recordado que la plantilla ya ha perdido poder adquisitivo por la negativa de la concesionaria a negociar un nuevo convenio (el actual caducó a finales de 2020).

«Ahora los trabajadores nos vemos amenazados por una rebaja salarial y de derechos», han denunciado desde el sindicato nacionalista, y han apuntado que Vitrasa ya ha recibido fondos públicos para compensar sus pérdidas por la pandemia, además del «canon anual» que le paga el Ayuntamiento para financiar las bonificaciones de los billetes.

La CIG también ha censurado la intención de la concesionaria de aumentar la jornada laboral anual en 86 horas, y de «modificar sustancialmente la dinámica diaria de trabajo, flexibilizando la jornada a su antojo», y de no entregar parte de los uniformes a los empleados.

El sindicato, que ha recordado que Vitrasa sigue recortando líneas pese a hablar de reducción de viajeros, ha solicitado a la empresa «que abandone la concesión», ya que cualquier empresarios que encadenase pérdidas millonarias por dos años y la previsión de mantener esas pérdidas «optaría por echar el cierre». «Lo que no es de recibo es pretender recuperar las pérdidas robándole a sus trabajadores», ha zanjado.

Por su parte, el sindicato UGT también ha expresado su rechazo a la decisión de Vitrasa, de la que ha recordado que no solo se ha embolsado 5,5 millones procedentes del fondo habilitado por el Gobierno para paliar las pérdidas por la pandemia, sino que está reclamando al Ayuntamiento unos 13 millones de euros más por las pérdidas derivadas de la crisis sanitaria.

Asimismo, ha recordado que, en plena pandemia, el gobierno municipal de Vigo optó por prorrogar la concesión del transporte urbano, pese a que previamente había anunciado un nuevo concurso para mejorar las condiciones del contrato, y que la empresa lleva años obteniendo «elevados beneficios», al tiempo que ha censurado que justifique el ‘descuelgue’ por la pandemia, cuando ya conocía esa situación en el momento en que se prorrogó la concesión.

«Si no están satisfechos con los resultados económicos que perciben del servicio en la actualidad, váyanse y cierren al salir», han proclamado desde UGT, y han advertido de que no está dispuesta a negociar «un atraco contra los trabajadores y contra la ciudad de Vigo».