Trabajadoras de residencias privadas se han manifestado este miércoles en Santiago de Compostela para demandar un «convenio digno» y denunciar la «responsabilidad» de la Xunta de Galicia en la situación laboral «especialmente precaria» a la que se enfrentan.

La movilización ha partido de la sede del Gobierno gallego en San Caetano y ha finalizado frente al Parlamento de Galicia. Durante la marcha, los manifestantes han coreado consignas como ‘Non somos escravas, somos traballadoras’, ‘Menos discursos, menos tonterías, máis residencias e centros de día’, o ‘Fabiola, escoita! O convenio non se compra’.

«La situación continúa exactamente igual que el mes pasado, pero con un condicionante, la huelga convocada en el sector para este jueves, 17 de marzo, a partir de las 22,00 horas», ha remarcado la secretaria nacional de CIG-Servizos, Transi Fernández. El objetivo del parón, ha recordado, es rechazar la vulneración de los acuerdos económicos y sociales alcanzados en el IV convenio colectivo del sector de residencias en Galicia.

A este respecto, este mismo miércoles, la Administración gallega publicaba en el Diario Oficial de Galicia (DOG) los servicios mínimos previstos para la huelga.

En las residencias de la tercera edad, en cuanto al personal de atención directa –que deberá ser el necesario para cumplir con la ratio mínima de este personal en régimen de jornada completa– los servicios mínimos serán del 0,20 personas trabajadoras por usuarios en módulos destinados a la atención de personas con autonomía y del 0,35 personas trabajadoras en módulos destinados la personas dependientes.

En cuanto al personal no asistencial se establece como servicios mínimos el número de efectivos presentes en un día festivo.

Por otro lado, en las residencias de día, en cuanto al personal de atención directa, se establece el 0,10 profesionales por usuario, con un mínimo de dos, «garantizándose además, siempre que sea necesario, la asistencia de personal médico, ayudante técnico sanitario, o diplomado universitario en enfermería, fisioterapeuta y psicólogo».

Respecto al personal no asistencial, se establece como servicio mínimo un efectivo con el fin de garantizar la apertura y cierre del centro.

SERVICIOS MÍNIMOS «ABUSIVOS»

Por su parte, el sindicato ha calificado estos servicios mínimos de «abusivos», ya que «obligarán a todo el cuadro de personal a ir a trabajar».

«Es un escándalo. En una de las últimas reuniones con la Consellería les dijimos que no entendíamos cómo una administración vulnera el derecho a huelga y ya les advertimos de las consecuencias que tendría para el sector, porque ni por parte de la patronal, ni por parte de la Consellería, se pusieron en contacto con nosotros para promover una mediación o para intentar resolver este conflicto, que viene de hace dos años, por no tener los incrementos salariales al día, que le corresponde el 6,5% de estos años, y sin tener tampoco el convenio colectivo negociado», ha señalado Fernández.

Esto, aseguran, crea una situación «muy precarizada» en las trabajadoras de un sector que «fue considerado esencial durante la pandemia».

Es por este motivo que ha acusado al Ejecutivo gallego de «consentir» que ciertas empresas concursen y ha denunciado que «no se recuerda cuando tuvieron que ser intervenidas por la propia Administración y poner personal del SERGAS para poder trabajar con las personas mayores y poder tirar para adelante en la pandemia».

«La principal demanda del personal es que se actualicen los salarios, se negocie el convenio colectivo y consigan dignificar las condiciones del personal del sector», ha incidido Fernández, que ha remarcado además las «importantes» diferencias entre las condiciones laborales de una trabajadora de residencia privada y otra de una pública.

La responsable sindical también se ha referido a la actitud de la patronal, «que no ofreció absolutamente nada desde que se convocó la huelga. «Ni se reunió con nosotros, está mirando para otro lado», ha lamentado. Según ha apuntado, este comportamiento se da porque «ya sabían que pondrían unos servicios mínimos abusivos» que, en todo caso, ha anunciado que serán impugnados.

APOYO POLÍTICO

Tras concluir la manifestación, se han reunido con la diputada del BNG, Olalla Rodil. También en clave política, la portavoz de Política Social del Grupo Socialista, Marina Ortega, ha anunciado que presentará en el próximo Pleno del Parlamento una interpelación a la conselleira para presentarle las demandas del colectivo de trabajadoras de las residencias de mayores.

La socialista ha destacado la «urgencia» de que el departamento autonómico «apoye al sector, escuche sus demandas y medie para alcanzar los objetivos dirigidos a mejorar la atención de las personas mayores residentes y de las trabajadoras y trabajadores del sector».

Marina Ortega ha instado a la Xunta a «tomar decisiones», ya que «están en juego cuestiones muy relevantes para la buena seguridad y cuidados de las personas mayores». «Galicia es unas de las Comunidades autónomas que mayor número de plazas residenciales privadas y menor número de técnicos de inspección para supervisarlas», ha recordado.